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«Administrar bien un municipio significa también cumplir con las normas establecidas»

 

Finalizando el mes de Octubre el Partido de General Pueyrredon sigue sin contar con la Ordenanza complementaria del Presupuesto que es la que determina los escalafones y montos salariales de los municipales. El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ya advirtió al municipio sobre la necesidad de que se promueva la sanción de la ordenanza y desde Unidad Ciudadana manifestaron su preocupación sobre el tema.

“El 27 de Abril quedó aprobado el Presupuesto de Gastos para el 2018. Y al día de hoy seguimos esperando que nos envíen la Ordenanza complementaria” destacó la concejala de Unidad Ciudadana Virginia Sívori.“Somos una oposición responsable que trabaja para respetar la institucionalidad del municipio. Ya advertimos, desde comienzo de año, que esto podía pasar. Administrar bien un municipio significa también cumplir con las normas establecidas”.

Dicha ordenanza determina las nóminas salariales previstas para el personal municipal comprendidas para el año 2018 e históricamente queda plasmado en una ordenanza complementaria que suele ser elevada cada año junto a los proyectos del presupuesto y de las ordenanzas fiscal e impositiva.

“Esta omisión nos va a generar un inconveniente mayor y el municipio va a volver a ser observado por el honorable tribunal de Cuentas de la Provincia” opinó Sívori y recordó el municipio ya recibió la advertencia del Tribunal de Cuentas y los contadores del municipio habían manifestado su preocupación por el tema hace tiempo atrás.

“El gobierno municipal debe brindar una respuesta sensata y pronta. Ya en distintas oportunidades expresaron que la iban a presentar pero evidentemente no les interesa contar con esta herramienta y no tienen voluntad de resolver el problema”, sostuvo la edil.

“De esta forma, sin la ordenanza no hay un marco legal que determine los escalafones municipales ni el otorgamiento de los aumentos de los sueldos. Lo que puede ver afectado el principio de responsabilidad de los funcionarios por lo que el tribunal de cuentas podrá imponer sanciones económicas, amonestaciones y hasta la posible inhabilitación para el desempeño de funciones municipales”

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