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APYME SOLICITO LA IMPUGNACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DEL GAS CONVOCADA POR EL GOBIERNO

En el día de hoy la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) presentó ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) una solicitud de impugnación de la Audiencia Pública convocada por el Gobierno para definir las tarifas correspondientes a ese servicio.
La presentación se realizó en el marco de acciones similares por parte de asociaciones de usuarios y actores de la economía social nucleados en la Multisectorial contra el Tarifazo de la CABA. En la solicitud de nulidad se argumenta que la convocatoria del Gobierno, tal como está planteada, no cumple con los requisitos  y procedimientos establecidos en la Resolución 3158 del ENARGAS.

Principalmente, se objeta la falta del indispensable carácter federal de la convocatoria, ya que sólo se realiza en CABA. De este modo se afectan seriamente las posibilidades de participación de los usuarios de las distintas regiones del país.

También se objeta  la carencia de información adecuada y oportuna para los usuarios, ya que se exige a los participantes de la Audiencia adelantar su exposición sin contar oportunamente con datos esenciales sobre el servicio y la composición de las tarifas.

Otro motivo de la impugnación es que se deja fuera de las deliberaciones el precio del gas en boca de pozo, que constituye la parte sustancial de la tarifa. Tal como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado es responsable de la fijación de este precio, además de los correspondientes al transporte y la distribución.

Al mismo tiempo, APYME alerta sobre el riesgo de que, a partir del carácter no vinculante de la Audiencia, se pretenda desde el Gobierno pasar por alto su concepción deliberativa, destinada a garantizar la participación de la población en cuestiones de fuerte interés colectivo. Restringir este aspecto e ignorar sus conclusiones por parte de las autoridades reduciría la Audiencia un mero trámite para ratificar decisiones discrecionales.

De acuerdo con el espíritu del reciente fallo de la Corte, se debe garantizar la razonabilidad y la equidad del cuadro tarifario, tanto del gas como de la electricidad, el agua y el resto de los servicios públicos esenciales. Están en juego derechos básicos de la ciudadanía y el futuro de miles de empresas y puestos de trabajo.

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