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Conferencia de la CPM: La permanencia de Fernández Garello en su cargo contradice los principios de la justicia y la democracia

Con el acompañamiento de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó públicamente la denuncia contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por crímenes de lesa humanidad. La denuncia, que se desprende de la documentación obrante en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), revela la intervención de Fernández Garello en acciones de espionaje político y gremial, además de su infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura. La CPM volvió a requerir la separación del cargo del fiscal por la extrema gravedad institucional que implican estos hechos.

La Comisión Provincial por la Memoria realizó (CPM) una conferencia de prensa en Mar del Plata para presentar públicamente la denuncia contra el actual fiscal general de esa ciudad, Fabián Fernández Garello, por crímenes de lesa humanidad. El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, la directora general, Sandra Raggio, y los miembros permanentes del organismo, Susana Méndez y Yamila Zavala Rodríguez, conformaron la mesa de presentación.

A su vez, la conferencia de prensa contó con la participación de referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS de Mar del Plata, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y ex presos políticos, representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del colectivo Faro de la Memoria, de la Asociación Judicial Bonaerense, del colegio de abogados de Mar del Plata y miembros del poder judicial de la provincia de Buenos Aires. También presenciaron el acto, el defensor del pueblo de General Pueyrredón, Fernando Cuesta, la presidenta de la Comisión de derechos humanos del Concejo Deliberante, Marina Santoro, y el equipo de trabajo de la diputada nacional, Fernanda Raverta.

Además de brindar detalles sobre la documentación presentada en la Justicia, y ante la gravedad institucional que implican estos hechos, la CPM volvió a reclamar públicamente una respuesta política inmediata. «En la Justicia se están investigando estos hechos pero, por la enorme relevancia que tiene para nuestra democracia, estamos trabajando en el pedido de Jury y ya le reclamamos a la Procuradora la inmediata separación del cargo: la responsabilidad de sus funciones no puede estar atravesada por estas denuncias que contradicen los principios de la justicia y la democracia», expresó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, durante la conferencia de prensa.

En la misma línea, la directora general del organismo, Sandra Raggio, señaló: “Quien desempaña el rol de fiscal debe tener una condición ética, moral, y un desempeño y antecedentes que no pueden ser incompatibles con la democracia. La permanencia de funcionarios marcados por estos delitos genera mucha sospecha sobre la justicia y atenta contra la democratización del poder judicial”.

La grave denuncia presentada por la CPM involucra al fiscal general, Fernández Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en el segundo el secuestro y tortura de militantes comunistas.

Los documentos que vinculan al actual fiscal con estos delitos surgieron a partir de un requerimiento judicial en el marco de la causa que investiga el secuestro y muerte de la militante del PST, Ana María Martínez. “Los documentos de la DIPPBA constatan la participación de agentes de inteligencia en la infiltración y espionaje de ese movimiento político y en el secuestro y asesinato de Martínez. A partir de ese caso, nos encontramos con que integrantes de la delegación San Martín de la DIPPBA participan en el secuestro, detención y tortura de tres militantes del PC. Uno de los agentes involucrados es, justamente, Fernández Garello. Con todos esos datos empieza a revelarse una trama de operativos conjuntos entre esa delegación DIPPBA, la Brigada de investigaciones de San Martín -donde funcionaba un centro clandestino de detención- y el batallón 201 del Ejército que dependía del batallón 601”, detalló Cipriano García.

En ese tiempo, Fabián Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, hay registro de, por lo menos, 17 intervenciones en tareas de inteligencia por parte del ahora fiscal general de Mar del Plata. «Fernández Garello prestó servicio en la DIPPBA durante la dictadura militar y desarrolló actividades vinculadas con los objetivos operativos de la agencia, que era la persecución en el marco del terrorismo y el genocidio. Todo esto está acreditado por los mismos documentos de la Policía de la provincia de Buenos Aires», agregó Sandra Raggio, directora general de la CPM.

En ese sentido, Cipriano García destacó una vez más el valor del archivo documental de la DIPPBA, que preserva y gestiona la CPM: “Ese archivo ha servido como insumo muy importante para todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires, fue en cada oportunidad altamente valorado por los tribunales y significó, por lo tanto, un aporte indispensable para la condena a represores”.

Finalmente, Yamila Zavala Rodriguez remarcó la doble importancia que tiene esta denuncia para los ciudadanos marplatenses: “Este caso nos sensibiliza profundamente, porque una de las víctimas, Ana Maria Martínez, vivía aquí y debió mudarse por la represión y persecución que sufrió en esta zona el PST. Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata exigimos que se haga justicia‎ con carácter urgente». A su turno, Susana Méndez también hizo mención al caso: «‎Ana Maria, además, estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada, lo que da cuenta del horror y falta de límites en las acciones que fueron capaces de realizar los agentes de inteligencia de la Policía y el Ejército».

La pluralidad y representatividad de los actores políticos, sociales, gremiales, judiciales y de derechos humanos presentes confirman la relevancia pública que tiene esta denuncia para nuestra democracia y obligan una rápida respuesta política.

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