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Diputada Lucía Portos: Derogación del Artículo 68 del código contravencional de la Provincia de Buenos Aires

La Diputada Provincial Lucía Portos, presentó un proyecto ante la Honorable Cámara de Diputadxs de la Provincia de Buenos Aires que busca la derogación del Artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires decreto 8031/1973

El artículo 68 criminaliza y persigue a las trabajadoras sexuales e identidades diversas y representa un peligro para los derechos humanos, pues le da poder discrecional a los agentes policiales, lo que incrementa situaciones de grave violencia institucional contra la población y atenta contra el derecho de todas las personas a transitar por el espacio público de la Provincia.

A su vez, la norma -que rige desde 1973- deja abierta la posible detención y multa a personas integrantes del colectivo LGBTIQ, lo que viola leyes nacionales que garantizan los derechos de lxs integrantes del colectivo.

Proyecto:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1°. – Derogase el artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires decreto 8031/1973.

ARTÍCULO 2°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

El artículo 68 del Código Contravencional establece penas de arresto y multas contra homosexuales y trabajadoras sexuales. A la luz de los compromisos asumidos por el Estado Nacional y el debido respeto y la no discriminación que merecen todas las personas sin importar su orientación sexual o su ocupación, nos parece fundamental eliminar esta contravención de nuestro ordenamiento jurídico.

En marzo de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en América. Gracias a este histórico encuentro, la CIDH recibió información sobre la situación de derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, con datos alarmantes.

Las solicitantes de la audiencia expusieron sobre el alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves problemas. Asimismo, plantearon problemas en la aplicación de las leyes y normativas contra la trata de personas, indicando que muchas veces los operativos terminan perjudicando a las mujeres trabajadoras sexuales.

Al exponer cifras sobre el alto número de asesinatos de trabajadoras sexuales en diversos países de la región, una de las referentes de la RedTraSex, señaló que la motivación de estos homicidios es “por negarse a trabajar o continuar trabajando para proxenetas, por negarse a abonar cuotas a las mafias, a las maras, o a las fuerzas de seguridad para poder seguir ejerciendo su trabajo, por llevar adelante denuncias contra determinados sectores de poder que buscan lucrar con el trabajo sexual, por el sólo hecho de ser trabajadoras sexuales, donde operan factores de estigma y discriminación, por ejercer el trabajo en espacios absolutamente inseguros, conocidos como zonas liberadas”.

Las participantes aportaron el resultado de una investigación que indica que 7 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año. “Casi 9 de cada 10 de estas mujeres identificó que sus agresores eran policías, fuerzas armadas, agentes de migración y funcionarios de justicia. Es decir, en la mayoría de los casos se trató de violencia institucional”. El mismo estudio señala que 8 de cada 10 trabajadoras sexuales no hacen denuncias.

Otro tema preocupante planteado en la audiencia fue el impacto negativo que tiene sobre las trabajadoras sexuales las leyes de combate al tráfico de personas. El tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los países “no realiza una clara distinción entre la trata de personas y el trabajo autónomo, y generan distintas formas de intervención policial, judicial y administrativa que redundan en una criminalización del trabajo sexual, reducen los ámbitos de trabajo posible para las trabajadoras sexuales autónomas, y termina afectando gravemente los derechos humanos de las mujeres que realizamos esta actividad por decisión propia”. “Los procedimientos irregulares que se anuncian como de rescate de víctimas de trata, en la práctica resultan en persecución a las mujeres trabajadoras sexuales, en lugar de perseguir a proxenetas y explotadores”.

La vulnerabilidad en la que está inmerso el ejercicio no regulado de este trabajo ubica a las mujeres trabajadoras sexuales en un espacio de marginalidad y, aun cuando en la mayoría de los países su ejercicio no esté penado directamentepor la ley, la actividad del trabajo sexual es clandestinizada en la mayor parte de la región. Las normativas,en términos generales, se inscriben en una perspectiva criminalizadora y punitiva que, lejos de atender a los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, generan el terreno propicio para la vulneración de los mismos.

En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal, sin embargo, en los lugares donde se ejerce es penalizado. En 19 provincias continúan vigentes artículos contravencionales, como el de la provincia de Buenos Aires, que llevan presas hasta por 30 días a las trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública. La criminalización del trabajo sexual ha sido una estrategia política que evidencia: por una parte, al Estado y las Administraciones públicas en la ampliación de la intervención y el control sobre las personas, orientando conductas y conduciendo sexualidades; y por otro, sirve de sucedáneo de una peligrosa y más directa criminalización y vulneración de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, que trae aparejado la discriminación y el estigma social.

Los datos primarios y secundarios recopilados por Amnistía Internacional demuestran que la penalización y la aplicación de sanciones al trabajo sexual consentido ejercido por personas mayores de 18 años tienen un impacto negativo previsible en una serie de derechos humanos. Entre ellos figuran: el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; el derecho a la intimidad; el derecho al más alto nivel posible de salud; el derecho a la información y la educación; el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a una vivienda adecuada; el derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a la vida familiar y a fundar una familia, y el derecho a la reparación por  abusos contra los derechos humanos. Los datos indican que la penalización interfiere en el derecho de las trabajadoras y los trabajadores sexuales a servicios médicos e información sobre la salud y lo socava, en especial la prevención, el análisis y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.

Las contravenciones a diferencia de los delitos, son consideradas conductas leves, por razonamiento en consecuencia se esperan sanciones menores a las penas dispuestas en el código penal. Aun así, las penas establecidas en el código contravencional incluyen el arresto.

Por ello, vemos al derecho contravencional como derecho Penal de baja intensidad aflictiva, pero Derecho Penal al fin. En la medida que se reconozca como tal, podrá ser respetada la garantía limitadora del poder punitivo, tanto sustancial como procedimental.

Actualmente, el código contravencional tiene por función sancionar a modo de aleccionar conductas contrarias a la moral y las buenas costumbres. Esta función de disciplinamiento moral sumado a la ambigüedad de los artículos habilita la arbitrariedad policial, al margen de los estándares constitucionales.

Por eso, creemos necesaria su derogación, ya que no contribuye en absoluto en la lucha contra la trata sexual de personas, y menoscaba los derechos humanos de mujeres –mayores de 18 años- que ejercen el trabajo sexual consentido.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto de ley.

 

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