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El Ministerio Público Fiscal pidió al intendente Pulti que se rechace la habilitación de Cocodrilo

A través de una presentación formal, solicitó también que se arbitren los medios para impedir su funcionamiento de hecho. Se acompañó documentación sobre las causas en las que está involucrado el local que lleva el mismo nombre en Recoleta. 

A través de un escrito acompañado con una nutrida cantidad de pruebas e información, el fiscal de Distrito de Mar del Plata, Daniel Adler,  peticionó ante el intendente Gustavo Pulti que se rechace toda pretensión de habilitación del establecimiento “Cocodrilo” y arbitre los medios para impedir su funcionamiento de hecho.

De acuerdo a los hechos recolectados –en coordinación con Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex)-, el fiscal contempló “que bajo el ropaje de legalidad se encubriría la apertura de uno de los lugares prohibidos por los artículos 15 y 17 de la ley 12.331, cuya finalidad fue la de preservar la dignidad de las mujeres que tienen derecho a ejercer la prostitución, pero no a ser explotadas en su ejercicio”.

“La apertura de este local generaría una violación inminente de los derechos de las mujeres, en especial el de preservar su dignidad frente a situaciones de explotación”, sostuvo Adler. En el escrito presentado, indicó que el funcionamiento de este establecimiento entraría en “palmario enfrentamiento con normas del derecho nacional e internacional”.

UN MARCO LEGAL

Adler reparó en que desde hace casi 80 años se encuentra en vigencia la ley 12.331 y el Convenio de Naciones Unidas data desde 1949. En concreto, el artículo 15 de la ley 12.331 establece que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”.

“La puesta en funcionamiento de ‘Cocodrilo’ de acuerdo a una habilitación municipal, conforme los antecedentes de hecho expuestos, viola flagrantemente este artículo  que justamente busca proteger la dignidad de las personas buscando herramientas preventivas para evitar su vulneración”, precisó el fiscal.

A su vez, señaló que tanto el Protocolo de Palermo –que integra la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional-como la ley 26.634 no sólo obligan a sancionar el delito de trata, sino a prevenirlo, y “en el marco de esa manda que obliga a la prevención entendemos que la instalación de un establecimiento como  ‘Cocodrilo’ la viola flagrantemente”.

“Las leyes nacionales, pactos y convenios internacionales invocados no esperan a que los daños se produzcan. Los bienes jurídicos son de tal magnitud que las normas no sólo obligan a sancionar la trata de personas sino también a prevenirla, y sin dudas la instalación de un lugar que está inequívocamente señalado como de explotación sexual de mujeres  provoca exactamente un efecto contrario”, precisó el fiscal.

“Este anuncio de abrir ‘Cocodrilo’ –comprendió luego- lejos está de prevenir el fenómeno de la trata, sino exactamente de todo lo contrario. Sostenemos, entonces, nuestro deber de prevenir este fenómeno cultural a través de esta acción de amparo en favor de mujeres y niños potenciales víctimas de las redes de trata”.

De la documentación que se acompañó surgió la identidad subjetiva y objetiva entre quienes explotan Cocodrilo en Buenos Aires y quienes pretenden ponerla a funcionar en Mar del Plata. Así quien dice ser el dueño de Cocodrilo Buenos Aires, Omar Suárez, es la misma persona que promociona la llegada de Cocodrilo a Mar del Plata desde el año pasado, según nota radial de septiembre de 2014. Incluso, la difusión la realiza desde su cuenta de Twitter personal.

DEL PROSTÍBULO AL BOLICHE

Al trazar un breve panorama de la cultura prostibularia y el negocio de la trata de personas en Mar del Plata, reparó que los prostíbulos se ‘convirtieron’ primero en privados. “Pese a que claramente eran lugares públicos, publicidad no les faltaba, eufemísticamente pasaron a llamarse privados, protegiéndose lingüísticamente con el paraguas de la privacidad constitucional, lo que llevó a la confusión de buena parte de los operadores judiciales y municipales que mostraron notoria inactividad en torno al tema, alentados por una mirada policial que presentaba así la situación”.

Y más adelante señaló: “Del privado se pasó al ‘boliche’. Encubierto en bar de noche funcionó la explotación de la prostitución VIP en ‘Madahos’. Hoy sus responsables se encuentran procesados por el delito de trata de personas. Ese lugar, sostenemos, es el que hoy quiere a venir a ocupar Cocodrilo”.

 LOS ANTECEDENTES DE COCODRILO

“Cocodrilo” fue denunciado por la UFASE (la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas que luego fue reemplazada por la Protex) en 2010, a raíz de una investigación preliminar que incluía en su objeto procesal alrededor de sesenta locales nocturnos en los que se había comprobado que se explotaba la prostitución ajena. Esa pesquisa también comprobó la falsedad ideológica de numerosas actas de inspección que debían labrar las comisarías.

“En lo que respecta al local “Cocodrilo”, en las actas de inspección que se analizaron, correspondientes al año  2009, se advirtió, por un lado, que algunos de los testigos que se consignaron en las actas se repetían, y, por otro lado, que los funcionarios policiales que labraban las actas dejaban constancia que “se exhibía plancheta de habilitación” y dejaban asentado observaciones tales como “sin novedades” o “se inspeccionó sin registrarse anomalías ni menores en el local”, en contradicción a lo que había surgido de tareas de inteligencia que desde esta dependencia se habían ordenado a otras fuerzas de seguridad (Prefectura y Gendarmería Nacional), las cuales habían arrojado como resultado que en dicho local se ofrecían servicios sexuales, lo cual daba muestras de una operatoria de presunta connivencia policial”, precisa el informe presentado por Adler.

El 3 de marzo de 2011 el lugar fue allanado, donde se verificó –entre otras cosas- la presencia de doce mujeres, quienes fueron entrevistadas por profesionales del Programa de Rescate. “Algunas de las mujeres habrían mencionado que en el local ‘trabajan’ alrededor de 20 mujeres a las cuales se las denominaría ‘chicas de sala’, que se ‘ofrecerían’ para efectuar ‘pases’ con los clientes, pero fuera del local allanado”, indica. Una de ellas dijo incluso que “chicas de sala” tendrían un horario mínimo de permanencia dentro del local, lapso en el cual tendrían la obligación de consumir al menos una ‘copa’, previo a retirarse del mismo con algún cliente para efectuar una ‘salida’.

Asimismo, el fiscal en el escrito mencionó que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, surge la existencia de –al menos- quince antecedentes de investigaciones por infracción a la ley 12.331, en el local “Cocodrilo”, desde el año 2001.

A su vez,  tramita actualmente en el Juzgado Federal n° 4, una causa por venta de estupefacientes y trata de personas en distintos locales de Recoleta, entre los que se encuentra “Cocodrilo”. El lugar fue allanado el pasado 16 de mayo y las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario.

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