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LA CORTE OTORGA 15 DÍAS A LA MUNICIPALIDAD POR DECRETO DE TOLERANCIA 0

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires notificó a la Municipalidad de General Pueyrredon, por el plazo de 15 días hábiles, para que se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad que versa sobre el Decreto 1980/2018 que impone la tolerancia 0.

Hace unas semanas atrás, el abogado y dirigente político José Luis Zerillo, realizó una presentación ante los estrados de la Suprema Corte solicitando que mediante una acción originaria de inconstitucionalidad se expida sobre la constitucionalidad del decreto. En consecuencia, el máximo tribunal provincial consideró con los recaudos suficientes para requerir el informe de contestación por parte de la Municipalidad.

Es importante recordar que el Congreso Provincial aprobó, con media sanción, el proyecto de ley que establece solamente la tolerancia 0 para aquellos conductores principiantes y solo por el plazo máximo de 2 años, como condición previa a adquirir plenamente las habilidades de manejo. Lo dispuesto por el Intendente Carlos Arroyo contradice, entonces, lo aprobado por los Senadores bonaerenses.

Por otro lado, la única norma vigente a nivel nacional es la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 que especifica en su artículo 48 la prohibición de conducir con más de 500 miligramos de alcohol por litros en sangre, contrario al decreto municipal, que sin atravesar por el debate democrático del Concejo Deliberante, establece una prohibición que no se condice con la discusión que se realiza en los estrados provinciales.

Oportunamente Zerillo argumentó: “La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto N° 6.769/58, en el artículo 26 en su última parte establece que el poder de policía es competencia del legislativo. Por lo que, la disposición firmado por el Intendente Arroyo se irroga una competencia que la ley no le otorga y que expresamente prohíbe”.

Luego del vencimiento del plazo otorgado, la Suprema Corte procederá a dictar sentencia. De hacer lugar a lo pedido, implicaría la nulidad absoluta e insanable de las infracciones realizadas hasta el momento en el marco del decreto impugnado en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

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