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La Iglesia acepta resignar parte del dinero que recibe del Estado

El Episcopado confirmó que está evaluando una propuesta girada por el Gobierno para dejar de
percibir transferencias directas para los sueldos de los obispos. Se trabaja en un esquema
gradual y un sistema para que los creyentes hagan donaciones

Luego de la polémica que generó la difusión de los sueldos que perciben los obispos, a mediados de marzo a través de un informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina(CEA) reconoció este miércoles, públicamente, estar en tratativas con el Gobierno nacional para «ir resignando de manera gradual» parte de los fondos que el Estado gira a la jerarquía de la Iglesia católica en concepto de «asignaciones» para el sostenimiento del culto.

Luego de sesionar por dos días en su sede del barrio porteño de Retiro, los obispos en conjunto reconocieron públicamente haber conformado una comisión ad hoc para tratar con funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto «nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del culto».

De acuerdo a la declaración episcopal, «se acordó seguir profundizando dichas alternativas y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional».

Las «alternativas», todavía no adoptadas, implicarían dejar progresivamente las transferencias dinerarias directas hacia la Iglesia, que serían reemplazadas por mecanismos para que los fieles católicos contribuyan al financiamiento de las actividades de su credo.

«Estamos buscando generar un cambio de paradigma», definió un funcionario inmerso en las negociaciones.

En marzo, el jefe de gabinete, Marcos Peña, reveló en su informe a la Cámara de Diputados que los obispos diocesanos percibirán este año $ 46.800 mensuales, lo mismo que los administradores apostólicos; mientras que los auxiliares y eméritos, $ 40.950.

Las conversaciones entre Iglesia y Estado no contemplan de momento los subsidios que el Estado abona a sacerdotes radicados en zonas desfavorecidas ni a seminaristas, ni la asistencia económica a instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

El monto total de partidas asignadas para este año asciende a $ 130.421.300

Fuente: https://www.cronista.com

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