En las últimas semanas, el nombre de la empresa distribuidora EDESUR es tendencia en la agenda pública de nuestro país. La privatizada que tiene la concesión en la zona sur de Capital Federal y el Gran Buenos Aires tiene sostenidos cortes de luz en gran parte de su zona de cobertura, en pleno invierno y el contexto de la pandemia.
Intendentes de los municipios más afectados (Quilmes, Avellaneda, Esteban Echeverría, Berazategui, entre otros) están denunciando la inacción de la empresa y la Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó una denuncia formal ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que le quite la concesión a EDESUR, en unidad con los jefes comunales de los municipios en los que la empresa incumplió con las normas que regulan su funcionamiento.
EDESUR, junto con EDENOR y el Grupo DESA (que controla EDEA, EDELAP, EDEN y EDES) controlan el servicio público de la electricidad en gran parte del territorio bonaerense. Solo un grupo de cooperativas en pequeñas localidades (que deben comprarle la energía a estas privatizadas) no pertenecen al monopolio eléctrico de estas tres empresas.
EL PROBLEMA NO ES EDESUR, ES EL MODELO
El problema no se trata –sólo- de EDESUR sino del modelo energético dominante en nuestro país, donde la energía se transformó en una mercancía, en beneficio de un puñado de empresas privadas, de capitales mayoritariamente extranjeros, las que, como toda empresa privada, busca maximizar sus ganancias, con mínimas inversiones.
En el gobierno anterior, bajo la excusa de las tarifas “congeladas” (una falacia que el macrismo junto las empresas supieron instalar ya que sus ingresos se cubrían con subsidios estatales), se aplicaron tarifazos que fueron del 2 mil al 5 mil por ciento en 4 años.
Esa multimillonaria transferencia de recursos por parte de los y las usuarias a las empresas privatizadas, nos dijeron, eran necesaria para que se puedan producir las inversiones que garanticen la continuidad del servicio.
Hoy, los resultados son evidentes. Tenemos casi la mitad de la población empobrecida, en gran parte por los tarifazos de los servicios públicos, avances contra los derechos laborales y un sistema eléctrico tan precario e inestable como antes. El “apagón nacional” de junio de 2019 es una muestra más de esto.
UN MODELO CON EL EJE EN LOS USUARIOS
Nuestro Sindicato, junto a la FeTERA, venimos desde hace más de 20 años, denunciando el modelo privatista y extranjerizante de la energía. En los 90, fuimos férreos opositores de las privatizaciones de los servicios públicos (lo que nos costó la expulsión de la FATLyF), porque sabíamos que estas eran las consecuencias.
A pesar del avance del neoliberalismo, continuamos trabajando, organizándonos y luchando por un modelo energético que garantice el Derecho Humano a la energía. Denunciamos las privatizaciones, los despidos, las tercerizaciones, el desmantelamiento del sistema estatal de la energía, y junto a Organizaciones sociales y sindicales de Argentina y de todo el mundo, planteamos una alternativa.
Decimos basta de empresas privatizadas en los servicios públicos. LA ENERGÍA (LUZ, GAS, AGUA) ES UN DERECHO HUMANO sin el cual, como nos enseñó José Rigane, es imposible pensar en desarrollar una vida digna.
Hoy es EDESUR, ayer fue EDELAP o EDEA y mañana será cualquier otra empresa. Para las empresas privatizadas, las y los usuarios somos clientes que compramos una mercancía. Pero incluso con tarifas exorbitantes, el servicio no se garantiza. Por eso rechazamos al modelo energético basado en las empresas privatizadas y fraccionadas.
Debemos recuperar la autonomía para decidir sobre nuestros recursos energéticos, sector estratégico para el desarrollo nacional.
Sin soberanía energética, (poder decidir qué, cuánto, cómo y para quién generar, transportar y distribuir electricidad) se hace imposible pensar en un desarrollo integral que genere trabajo y riqueza para salir de la pobreza.
Por Sebastián Farías
