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Mar del Plata: Casación revoca sobreseimientos y confirma la imputación por asociación ilícita

Una docena de represores, procesados por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar, sufrieron un nuevo revés judicial cuando la Cámara Federal de Casación Penal los responsabilizó, además, por el delito de asociación ilícita calificada. Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la Sala IV de la máxima instancia penal del país ratificó los procesamientos, con prisión preventiva, dictados por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el 2 de julio de 2013, de los represores a quienes imputó secuestros, torturas y homicidios calificados pero los había sobreseído por asociación ilícita.

En un fallo de 49 carillas dictado el viernes, último día hábil previo a la feria judicial que comenzó esta mañana, y al que Télam tuvo acceso, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscalía y revocó los sobreseimientos.

La medida alcanza a los ex jefes militares (y navales) Alfredo Manuel Arrillaga, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan José Lombardo, Rafael Alberto Guiñazu, Mario José Forbice, Roberto Luis Petrusio, Juan Eduardo Mosqueda, Raúl Alberto Marino, Ariel Macedonio Silva, Julio César Falcke, José Francisco Bujedo y José Omar Lodigiani.

«No corresponde endilgarle a los imputados de marras el delito de la asociación ilícita tal cual lo ha efectuado el magistrado instructor, y por ende corresponde revocar parcialmente el auto apelado y disponer el sobreseimiento de la totalidad de los encartados» en orden a ese delito, dijo el tribunal marplatense.

Sin embargo, Casación replicó que «el hecho de que los imputados pertenecieran a las Fuerzas Armadas con anterioridad al golpe de Estado de 1976 y que por lo tanto se encontraran vinculados con sus pares, jefes y subordinados en virtud de lazos en su origen legales en nada condiciona las relaciones configuradas a través de la voluntad de convergencia ilícita posterior».

A los represores se les imputan delitos de lesa humanidad como «privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado» en la Base Naval de Mar del Plata de la Armada Argentina».

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