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Por efecto del ajuste no hay negociación salarial, no se aplica la claúsula gatillo y ahora sin custodia

El plan de ajuste de Vidal impide la negociación colectiva salarial, obstaculiza el cumplimiento del fallo judicial que ordena aplicar la claúsula gatillo y ahora quita la custodia de los edificios judiciales.

El Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerenseque Xavier R. Areses ha comunicado a distintas dependencias judiciales del Departamento Judicial de Mar del Plata que el personal de esa repartición afectado a la custodia de los mismos cesará en dicha función a partir del próximo 1 de Septiembre.-

El Dr. Areses señala en la comunicación “que la medida se ajusta a la readecuación de la estructura del Ministerio de Justicia –a cuya órbita depende el SPB- dispuesta por el decreto 170/2018 de acuerdo con los principios de austeridad, eficiencia administrativa y modernización, en pos de optimizar la organización pública con el fin de contribuir a una mayor eficiencia según el propósito de la Ley N°14.989 de Ministerios de la Provincia de Buenos Aires”, fórmula técnica que encubre la reducción de los gastos de funcionamiento del estado aquí a costa de la integridad física de los/as empleados/as, funcionarios/as y peritos judiciales.-
La ausencia de custodia generó solo en el 2017 que una persona que participaba de una audiencia celebrada en el Juzgado Civil N°7 –sito en Alte. Brown N°2257- extrajera una arma de fuego de sus ropas y amenazara a la Secretaria de dicho órgano o que en junio y julio de aquel año un perito psicológo y luego una perito asistente social del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero Penal Juvenil –ubicado en Sarmiento N°2760- sufrieran hechos de violencia en misma sede laboral; sucesos que indudablemente podrán repetirse sino se garantiza la continuidad del servicio de seguridad afectando a trabajadores judiciales y la ciudadanía en general que transita por los edificios de tribunales.-

El pasado viernes 24/08 la AJB solicitó formalmente al presidente de la Corte provincial Dr. Eduardo Pettigiani que garantice la continuidad de la vigilancia, sin perjuicio de efectuar en las próximas horas la pertinente denuncia en la Delegación local del Ministerio de Trabajo para que asuma la responsabilidad que les compete en aras de revertir estas circunstancias.-

El gobierno aplica el ajuste en los salarios y en las condiciones de trabajo del empleo público y en nuestro caso tanto la Corte como la Procuración, no pueden convalidar esta situación sino que deben ser activos artífices de la solución.

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