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RIZZI PREOCUPADO POR LAS TARIFAS DE LOS CLUBES Y ONG

El Defensor del Pueblo Fernando Rizzi, informó que la Defensoría se encuentra trabajando junto a sus pares de todo el país, ante las autoridades pertinentes a fin de que se respeten las tarifas diferenciales que las leyes prevén para clubes de barrio y para asociaciones civiles sin fines de lucro y fundaciones.

“Ya estamos coordinando con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales los recaudos para la efectiva vigencia de las leyes 27.098 y 27.218” señaló Rizzi.

Al respecto y con relación a los clubes, la ley 27.098 establece que la entidad que se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio será beneficiaria de una tarifa social básica de servicios públicos. Los entes reguladores de servicios públicos deberán implementar, incorporar y adecuar en sus cuadros tarifarios la tarifa social básica creada por dicha ley.

Asimismo la Ley 27218, de reciente aprobación, establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público. El Régimen Tarifario Específico define un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro en relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos.

“Este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de estas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común, supliendo muchas veces carencias del propio Estado” señaló Rizzi.

El Régimen Tarifario Específico que se establece en la ley supone el cobro de una tarifa, por parte de los prestadores de servicios públicos, que resulta de la incorporación en el cuadro tarifario respectivo de la categoría “entidad de bien público”. Los entes reguladores de servicios públicos deben incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por la presente ley.

“El alcance es para todas las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan”.

Los sujetos del presente régimen conforman una nueva categoría de usuarios de servicios públicos denominada “Entidades de Bien Público”, conforme el tratamiento específico que establece la ley. A fin de establecer las distintas clases dentro de esta nueva categoría de usuarios, se toma como criterio el adoptado para la categoría de usuarios residenciales en la ley 26.221, según la naturaleza y características de cada servicio público.

Se establece como tope máximo en la facturación la tarifa máxima prevista para los usuarios residenciales para cada servicio. La base de facturación será equivalente o menor a la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio.

Los servicios comprendidos son Gas, energía eléctrica, telefonía fija y agua.

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