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Sin acuerdo en las paritarias, la CGT de Moyano y la UOM de Caló realizarán huelgas

El Gobierno no pudo destrabar dos negociaciones clave: empleados de comercio y metalúrgicos. La UOM, hasta hoy alineada con el Gobierno, hará un paro de 36 horas. Los gremios opositores protestarán el 9 de junio

Aunque aún faltan definir detalles de la convocatoria, el nuevo paro nacional de las centrales obreras opositoras y de los sindicatos del transporte se realizará el martes 9 de junio próximo. Los sindicalistas exigirán definiciones sobre las numerosas paritarias pendientes, volverán a protestar contra el impuesto a las Ganancias sobre los salarios y por considerar insuficientes las recientes modificaciones anunciadas por el ministro Axel Kicillof.

La fecha propuesta fue acercada por los gremios del sector transportista a los jefes de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y de la Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, mientras también se sumaría la CTA liderada por Pablo Micheli.

La confirmación sobre la medida de fuerza fue comunicada ayer luego de un encuentro entre Sergio Massa, Roberto Lavagna y otros dirigentes del Frente Renovador con la cúpula directiva de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Dos días antes del paro Cristina Kirchner tiene agendado un encuentro con el papa Francisco, en el Vaticano.

DOS DÍAS ANTES DEL PARO, CRISTINA KIRCHNER TIENE AGENDADO UN ENCUENTRO CON EL PAPA FRANCISCO

El último paro nacional contra el Gobierno se realizó el 31 de marzo pasado. La medida, que estuvo acompañada por cortes de rutas organizados por partidos de izquierda, tuvo un alto acatamiento. Los organizadores de esta nueva huelga aún no informaron si habrá piquetes o movilizaciones, como en aquella oportunidad.

Paritarias: diferencias con el sindicalismo aliado

Las dos negociaciones paritarias más importantes que tenía que tratar de resolver ayer el Gobierno, la de metalúrgicos y la de comercio, fracasaron y comenzaron a delinearse paros de actividades de parte de los gremios.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conduce el líder de la CGT oficial, Antonio Caló, cerró una última instancia de negociación ante los representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

Tal como estaba previsto, hoy concluye el período de 10 días hábiles de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Así, el sindicato de Caló ratificó ayer la concreción de una huelga de 36 horas entre el jueves y viernes próximo, tal cual lo indicó el secretario adjunto de la UOM, Juan Belén.

Ante la posibilidad de que Trabajo prorrogue por 10 días más el período de conciliación, Belén comentó que «no lo vamos a aceptar». Los metalúrgicos reclaman que su salario inicial suba a 8.500 pesos, lo que implica un incremento del 32 por ciento, mientras que las empresas aceptaron acercarse a un 27 por ciento.

Debido a la proximidad de Caló con el Gobierno, la paritaria metalúrgica es considerada por el resto de los gremios como una referencia, de modo que su bloqueo impide que se destrabe el resto.

Uno de los casos es el de los empleados de Comercio que lidera Armando Cavalieri, quien representa los intereses de un millón de trabajadores sindicalizados. Al respecto, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, confirmó que no se pudo llegar aún a un acuerdo entre las partes y que las deliberaciones continuarán hoy.

Durante la jornada Cavalieri estuvo reunido con representantes de la CAC, y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por Osvaldo Cornide. En este caso, las negociaciones quedaron empantanadas, según indicaron fuentes sindicales, por el temor de Cavalieri a no quedar expuesto a aceptar un acuerdo inferior al que pueda firmar Caló.

Cavalieri acepta un aumento del 27 por ciento, con la condición de que haya una primera cuota del 17 por ciento y otra antes de fin de año de 10 por ciento, pero los empresarios quieren un 15 y 12 por ciento. Además, el líder de los empleados de comercio aspira a que las empresas retengan de manera forzosa 100 pesos a cada empleado como aporte a la obra social del sector.

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