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Triple A: con un planteo por la autodefensa de Demarchi en Casación, comenzará el juicio 

En la audiencia preliminar de este lunes, el Ministerio Público Fiscal se opuso a que el acusado de ser jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de homicidios calificados ejerza su propia defensa e interrogue a las víctimas. Tras el rechazo del Tribunal se requerirá a la instancia superior. El lunes 8, se inicia el debate. 

“Acá no va a concurrir ninguna víctima”. Con estas palabras, Gustavo Modesto Demarchi, acusado de liderar la organización de ultraderecha CNU, brazo local de la Triple A, e imputado como jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de cinco homicidios –siendo entonces fiscal-, contestó parte del planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal, que entendió que la autodefensa pondría en situación de “revictimización” a las víctimas que acudan como testigos. Para el exfiscal, las únicas víctimas son las ocho personas asesinadas en 1975.

Durante la audiencia preliminar, la fiscal federal Laura Mazzaferri –acompañada por el fiscal de Distrito Daniel Adler y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero- fundamentó la oposición del Ministerio Público Fiscal a un eventual pedido de autodefensa, ejercida en forma exclusiva o con codefensor, contemplando que Demarchi en el marco del debate podría interrogar a las víctimas que asistan a prestar declaración ante el Tribunal, integrado por los jueces Elvio Osores Soler, Luis Imas y Víctor Bianco. Tras rechazarse el planteo, la Fiscalía anunció que irá a la Cámara de Casación.

Durante el debate, Mazzaferri señaló que el derecho internacional permite la restricción del derecho a auto-representarse cuando sea necesario para el interés de la Justicia, e indica tres parámetros donde ello podría acontecer: “por la obstrucción sustancial y persistente de la debida conducción del juicio; porque se hallen frente a una acusación grave y sean incapaces de actuar conforme los propios intereses; y cuando sea necesario para proteger a testigos vulnerables de nuevas presiones o intimidaciones si fuesen a ser interrogados personalmente por los acusados”.

Al hablar de la obstrucción de los procedimientos, la fiscal recordó que durante la instrucción Demarchi “ha realizado innumerables planteos dilatorios, lo cual se representa con la continua reedición, durante la instrucción, de los mismos planteos bajo distintos prismas”. A ello, Adler sumó que el exfiscal se había fugado en medio del proceso, lo que dio lugar luego a la posterior  extradición.

En relación al segundo punto, citó el fallo de la Corte “Cano”, que daba cuenta  de la imposibilidad de una co-conducción de la defensa por parte del imputado en ejercicio de la autodefensa y la Defensa Oficial, y donde se hizo hincapié en el compromiso de una defensa eficaz por parte del imputado detenido.

E hizo eje luego en la posible revictiminzación de los testigos: “Como indicador de una mayor vulnerabilidad de las víctimas, no podemos pasar por alto el hecho de que Demarchi fue el fiscal que no les brindó la tutela judicial efectiva y que intervino así en los homicidios de sus familiares, y ahora podrían ser interrogados por el imputado””.  En este sentido, remitió a las consideraciones de la Cámara Federal de Casación Penal en la Acordada 1/12.

Luego de que Demarchi ensayara una defensa respecto a la situación de las víctimas que pueden comparecer a declarar, el fiscal general Adler recordó que los familiares de los Jorge Enrique, Jorge Lisandro y Guillermo Videla; de Enrique Elisagaray, de Bernardo Goldemberg, de María del Carmen Maggi, de Daniel Gasparri y de Jorge Alberto Stoppani –víctimas de un grupo de la CNU-, también son víctimas. “La sociedad en su conjunto es víctima también del terrorismo de Estado”, remarcó.

Por otro lado, Adler planteó que “en función del control de la ley, es necesario evitar que el juicio sea nulo, si una persona no está en condiciones de defenderse” y mencionó el pedido de arresto domiciliario que solicitó Demarchi por problemas de salud.

Los fiscales hicieron referencia, en sus fundamentaciones, a los fallos del Tribunal Oral de Mendoza, en el caso del ex juez Otilio Romano –sobre el deber del Estado de proteger los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado-, como así también la decisión del Tribunal Oral Federal de San Juan en la causa Martel.

De acuerdo a la elevación a juicio, Demarchi “deberá responder como jefe u organizador en el delito de asociación ilícita, y como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más partícipes, hechos que concurren materialmente entre sí”. Con ello, hace referencia a los asesinatos de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos en la madrugada del 21 de marzo de 1975.

Además, está acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi”, quien era decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica.

Gustavo Demarchi era fiscal al momento de los hechos. En 2011, fue detenido por Interpol en Bogotá, Colombia, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.

 

LOS ONCE IMPUTADOS

Durante el debate oral y público, que se realizará en instalaciones del TOF a partir de las 10 del próximo lunes 8 de junio –avenida Luro 2455- se juzgará por asociación ilícita a unos, y a otros como ideólogos y asesinos de estudiantes, profesores y profesionales, a  Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo, representados por Horacio Insanti; Juan Carlos Asaro y Luis Roberto Coronel, defendidos por Andrés Barbieri; Raúl Rogelio Moleón, representado por Martín Morillas; Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel y Marcelo Arenaza, representados por los defensores oficiales Paula Muniagurría y José Galan; a José Luis Granel, quien ejercerá su propia defensa, y a Gustavo Modesto Demarchi, que deberá nombrar a su codefensor.

 

LOS HECHOS: SECUESTROS Y ASESINATOS

Los casos por los que serán juzgados, a partir de una investigación promovida por el Ministerio Público Fiscal, incluyen a ocho víctimas. En la madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio del líder de la CNU Ernesto Piantoni, un grupo armado  irrumpió en la vivienda de España 856: la venganza por la muerte del líder había comenzado. Enrique “Pacho” Elizagaray era el referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y esa noche estaba en la casa de sus tíos, la familia Videla. Cuando llegó el grupo armado intentó escapar por los techos, pero una ráfaga de balas lo alcanzó y murió de inmediato, tras recibir 23 impactos. Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo –de apenas 16 años, cursaba quinto año en el Colegio Mariano Moreno- 27, y su padre Jorge, 33.

Esa misma madrugada, un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras secuestró al cirujano Bernardo Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.

El 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala.

La fuerte posición tomada y la ferviente defensa de una casa de estudios con perspectiva social le costaron la vida a María del Carmen Maggi, conocida como Coca. Un grupo armado de civil secuestró a la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica el 9 de mayo de 1975, a las 2:15 de la madrugada, en su casa ubicada en Maipú al 4000, donde vivía con sus padres. Cuando apenas había pasado un mes de su secuestro, y aunque el cuerpo aún no había aparecido, se ordenó  el archivo del sumario judicial. Y aunque su cadáver fue encontrado –de manera casual- en cercanías de la laguna de Mar Chiquita un día antes del Golpe Militar, la investigación no prosperó. Demarchi era entonces fiscal federal.

 

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