Tras la presentación del intendente que planteaba una situación de maltrato y abandono de los animales que aún están en el predio del acuario, la Justicia evaluó las condiciones del espacio y desestimó la denuncia penal
A casi tres semanas del día en que estalló la polémica por el estado de los animales que aún residen en el predio del ex Aquarium, el Ministerio Público Fiscal de la Justicia bonaerense definió desestimar la denuncia por maltrato animal presentada por Guillermo Montenegro.
El intendente radicó la denuncia penal ante el presunto estado de abandono de los animales, en el marco de la Ley de Maltrato Animal 14.346. El mismo solicitó investigar y corroborar lo expuesto en las imágenes que se viralizaron en cuanto al estado de los delfines u otros animales que se encuentren en el predio donde funcionó el acuario.
Tras la inspección de Zoonosis municipal, la justicia determinó que no existe tal estado de abandono o maltrato, por lo que se definió desestimar la denuncia presentada ante la fiscalía por el jefe comunal.
El acta labrada por el personal del municipio confirmó que aún residen en el espacio 10 delfines, 7 lobos marinos, 45 pingüinos y 30 lemures, y especificó que «no se observan animales en estado de desnutrición alimentaria en general y no se encuentran animales muertos«: «Los delfines se encuentran activos, con estado corporal normal y sin aparentes signos de enfermedad. En el momento de la inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente», aclaró.
El jefe comunal había requerido en su presentación una inspección ocular urgente, a fin de evaluar las condiciones del predio y de los animales, y recabar pruebas pertinentes, por lo que Zoonosis avanzó rápidamente. Además, la Dirección Provincial de Pesca y la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera realizaron análisis también, arrojando resultados similares a los de la dependencia municipal.
«Lo denunciado no configura ilícito penal alguno, toda vez que la prueba colectada descarta la existencia de actos de maltrato o de crueldad animal», planteó el Ministerio Público Fiscal y consideró que «la cuestión se reduce a aspectos administrativos o de gestión edilicia carentes de relevancia penal».
Fuente: Mi8
