La situación comenzó el jueves en colegios privados, continuó este viernes en escuelas públicas y derivó en una instrucción de Fiscalía General para impulsar reclamos por daños y perjuicios.
Un total de 30 denuncias fueron contabilizadas entre ayer y hoy en el marco de una seguidilla de alertas que afectó a establecimientos educativos, entre posibles tiroteos y amenazas de bomba.
De ese total, 11 casos correspondieron a advertencias por posibles tiroteos, mientras que el resto estuvo vinculado a amenazas de bomba que obligaron a activar protocolos de seguridad y explosivos. A lo largo del día hubo decenas de mensajes de WhatsApp que circularon entre grupos de padres y varias escuelas que debieron ser evacuadas.
Según la información aportada, la situación había comenzado el jueves en escuelas privadas y este viernes continuó en establecimientos públicos, lo que amplió el alcance de una jornada marcada por la preocupación y la intervención de distintas áreas de seguridad.
Durante una reunión realizada en el COM este viernes por la tarde ya se había llegado a contabilizar alrededor de 30 episodios, aunque no se descartaba que pudiera haber más.
Además del operativo preventivo que implicaron estas denuncias, hubo una definición judicial para avanzar sobre las consecuencias que generan este tipo de hechos.
En ese marco, se informó que hubo una instrucción de Fiscalía General para promover reclamos por daños y perjuicios vinculados a estos episodios y dar intervención a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de avanzar en eventuales indemnizaciones que pudieran corresponder.
La medida apunta a abrir una vía de acción ante los costos y perjuicios que provocan este tipo de denuncias, que movilizan recursos públicos, alteran el funcionamiento de las escuelas y obligan a desplegar operativos de emergencia.
Hasta el momento, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil, Walter Martínez Soto, tiene identificado a un joven como autor de uno de estos hechos. Se trata de un estudiante del colegio Esquiú.
