Casi 50 años después los hermanos Mechoso Castellonese recibirán parte de las tierras que los represores que mataron a su padre compraron con el dinero que le robaron.
En el marco de una causa por lavado de dinero proveniente de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del Plan Cóndor durante la última dictadura cívico militar, la justicia federal marplatense decidió restituirle a los hijos de un detenido desaparecido parte del dinero que le fue robado durante su secuestro.
El su resolución, el juez Matías Alejandro Mancini, del Tribunal Oral Federal Nº1, decidió devolver a los hermanos Beatriz y Alberto Mechoso Castellonese parte de las tierras que los represores del centro clandestino Automotores Orletti compraron con el dinero que robaron durante el secuestro de su padre. Se trata de una parcela ubicada en el en el barrio Parque Girado, Partido de Chascomús.
La sentencia se desprende de la causa judicial que condenó a los cuatro hijos del represor Leonardo Miguel Save, un represor que integró la «banda de Aníbal Gordón» y que tuvo activa participación en el Plan Cóndor. En mayo del 2024, en el primer juicio que se realizó por lavado de activos obtenidos a través de crímenes de lesa humanidad cometidos por el durante la última dictadura cívico militar, el Tribunal Oral Federal Nº1 condenó a María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save a pagar una multa de 10.823.981,25 pesos por considerarlos responsables de haber realizado diversas maniobras para transferir, adquirir y administrar bienes obtenidos con dinero procedente de crímenes de naturaleza económica cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
El 26 de septiembre de 1976, la patota conocida como la banda de Aníbal Gordon que operaba en el centro clandestino de detención «Automotores Orletti», ubicado en el barrio de Floresta, secuestró a Alberto Cecilio Mechoso Méndez, militante del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay en el marco del Plan Cóndor, con el objetivo de facilitar la destrucción o eliminación de quienes se opusieran a las dictaduras cívico militares de la región.
Mediante torturas, los represores obtuvieron la información sobre una importante cantidad de dinero propiedad de Mechoso Méndez. Así, la patota fue hasta el departamento que la victima compartía con su esposa y sus hijos y hallaron el dinero oculto en el interior de una pared: 1.500.000 dólares.
El cuerpo de Mechoso Méndez fue ocultado en un tambor con cemento y arrojado al Canal San Fernando. Los tambores fueron recuperados en octubre y los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de San Fernando. En 1989, el Equipo Argentino de Antropología Forense, comenzó el trabajo de identificación de esos cuerpos que había sido descubierto en el arroyo.
Al menos una parte del dinero robado, fue utilizada por Save para comprar los lotes ubicados en el barrio Parque Girado de la ciudad de Chascomús con el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario de construir un «Boating Club», que finalmente no se concretó.
El juez Roberto Atilio Falcone, quien llevó el juicio de manera unipersonal, dio por probado que los hermanos Save conocían el origen ilícito de las dos parcelas ubicadas en Parque Girado de la ciudad de Chascomús y a pesar de ello, continuaron con la cadena de delitos para poder hacerse de la escrituración.
Además, en su fallo Falcone, decidió que los terrenos decomisados por la justicia sean entregados a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Sitios y Espacios para la Memoria. Pero la esta parte de la sentencia fue recurrida por la Unidad Información Financiera al entender que al tratarse de bienes confiscados del delitos de lavado de activos debían ser trasladado a dicho organismo.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esta parte del fallo y ordenó al TOF nº1 una nueva decisión. En ese sentido, el abogado Cesar Sivo, representante de los hermanos Mechoso Castellonese planteó que se tenga en cuenta la reparación de las víctimas que durante todos estos años han sufrido la desaparición de su padre y que recién pudo ser identificado a principios de los 90.
Finalmente, el juez Mancini incluyó en su fallo las dos posturas, Por un lado tuvo en cuenta la Ley 25.246 que dispone que el desarrollo de
las actividades y el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera se financiarán, entre otros recursos, con los decomisos de los resultantes de las actividades del lavado de activos, y por el otro, el artículo 305 del Código Penal que establece que los activos decomisados en materia de lavado serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado.
El nuevo fallo determinó que de las dos parcelas ubicadas en el barrio Parque Girado lindantes con la Laguna de Chascomús, la más grande fuera restituida a las víctimas y la más pequeña sea entregada a la Unidad de Información Financiera.
Fuente: Mi8
