Equipos de conducción de los 53 jardines del distrito elevaron una carta para pedir cambios en los protocolos y más resguardo para la comunidad educativa.
Los 53 jardines de infantes de General Pueyrredon, representados por sus equipos de conducción, elevaron una carta a las autoridades de Jefatura Distrital y Regional para que el planteo llegue a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El reclamo apunta a revisar los protocolos de seguridad después de hechos de violencia que encendieron la alarma en la comunidad educativa, como ocurrió con la agresión en el Jardín 922.
En el escrito, los equipos directivos pidieron que se garanticen condiciones de seguridad para docentes, auxiliares, alumnos y familias. También reclamaron una reunión que incluya a autoridades educativas y judiciales, al considerar que algunas situaciones exceden el margen de intervención que hoy tiene el sistema educativo.
Según plantearon, desde Educación se reconoce un límite de acción ante determinados conflictos. Por eso, solicitaron una instancia conjunta con organismos judiciales para revisar los procedimientos, definir respuestas más claras y establecer herramientas concretas frente a situaciones de violencia o riesgo dentro de las instituciones.
El pedido se suma a una preocupación que creció en las últimas semanas y que ya había motivado medidas gremiales, entre ellas una movilización tras la agresión en el Jardín 922. En ese contexto, los equipos de conducción reclamaron que el abordaje no quede limitado a respuestas posteriores a los hechos, sino que incluya prevención, acompañamiento y reparación.
Los pedidos de los jardines
Entre los puntos planteados, los directivos solicitaron la actualización de los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia hacia trabajadores de la educación. En ese marco, pidieron acompañamiento para las instituciones que reciben a estudiantes o familias involucradas previamente en conflictos, con instancias de articulación, orientación y seguimiento junto a equipos de orientación escolar u organismos especializados.
También reclamaron dispositivos de apoyo profesional para familias y personal de las instituciones afectadas por hechos de violencia física o psicológica. Además, pidieron mecanismos que aseguren consecuencias institucionales y legales para quienes agredan a cualquier integrante de la comunidad educativa, con intervención de los organismos competentes.
Otro de los puntos incluidos en la carta apunta a preservar el derecho a la defensa y el debido proceso cuando existan denuncias contra docentes o personal de las instituciones. En esos casos, solicitaron asesoramiento y acompañamiento jurídico institucional durante el desarrollo de actuaciones administrativas o judiciales.
Los equipos de conducción propusieron incorporar instancias obligatorias de diálogo, mediación y orientación profesional con familias involucradas en situaciones de violencia. Pidieron que esos encuentros permitan dejar registro escrito de acuerdos, orientaciones y acciones a implementar, además de evaluar las condiciones para la continuidad de la trayectoria escolar de los estudiantes.
En los casos de mayor complejidad, reclamaron que las familias sean convocadas por Inspección de Nivel y equipos técnicos profesionales. También pidieron circuitos claros de intervención, acompañamiento y contención para docentes y directivos.
La carta solicita además que las autoridades distritales y regionales emitan comunicaciones formales para establecer límites claros ante conductas violentas en las escuelas. En la misma línea, pidieron que, una vez resueltas denuncias o acusaciones, se informe a la comunidad educativa cuando corresponda, como forma de reparación institucional para los equipos afectados.
El planteo dialoga con otros reclamos abiertos en la provincia de Buenos Aires sobre el abordaje de conflictos en instituciones educativas. En abril, las autoridades ya habían trabajado criterios de intervención ante amenazas y alumnos armados en escuelas, en medio de episodios que también activaron protocolos y demandas de mayor coordinación.
Los equipos directivos reafirmaron su compromiso con la educación pública, el derecho social a la educación y la construcción cotidiana de escuelas basadas en el respeto, el cuidado y la convivencia democrática. Sin embargo, advirtieron que ese compromiso debe estar acompañado por políticas concretas que garanticen condiciones seguras para la tarea educativa.
“Cuidar a quienes educan también es cuidar la escuela pública y proteger el derecho de las infancias a aprender en instituciones seguras”, señalaron.
Fuente: Mi8
