A causa de las denuncias en la Clínica Mar del Plata y las deficiencias en la atención del Hospital Interzonal, la Fiscalía General busca reunir esta semana a actores del sistema sanitario por el impacto de la falta de prestaciones de las obras sociales.
La Fiscalía General de Mar del Plata convocará esta semana a una reunión con distintos actores del sistema sanitario ante la preocupación que generó el conflicto en la Clínica Mar del Plata y la falta de prestaciones que afecta a afiliados de Pami e Ioma.
La iniciativa es impulsada por la Fiscalía General, a cargo de Fabián Fernández Garello, luego de una serie de denuncias vinculadas con pacientes internados, problemas de atención médica y el alcance de los convenios con las principales obras sociales. La intención es reunir a representantes municipales y provinciales para analizar una situación que ya excede el caso puntual de un establecimiento privado.
Según pudo saber Mi8, en el Ministerio Público Fiscal existe preocupación porque el cuadro no se limita a una investigación penal concreta. El diagnóstico interno apunta a un problema más amplio de salud pública, con pacientes de edad avanzada, prestaciones interrumpidas y derivaciones complejas en medio de conflictos salariales dentro de clínicas y prestadores.
El caso que encendió la alarma fue el de la Clínica Mar del Plata, ubicada en San Luis al 2500, donde la Justicia realizó un allanamiento en el marco de tres denuncias diferentes. Una de ellas investiga una posible mala praxis a partir del fallecimiento de un paciente. Las otras dos fueron presentadas por familiares de personas internadas que advirtieron por falta de atención médica.
El procedimiento fue encabezado por el fiscal Germán Vera Tapia, junto a personal de la DDI y un médico del Ministerio Público Fiscal. Durante el operativo se secuestraron historias clínicas y se buscó constatar el estado de salud de dos pacientes denunciados por sus familiares. Sin embargo, uno había fallecido y otro había sido trasladado al HIGA por un diagnóstico presuntivo de accidente cerebrovascular.
El antecedente inmediato ya había generado tensión dentro de la clínica: familiares denunciaron que algunos médicos se negaban a atender pacientes críticos y reclamaron respuestas por el estado de personas internadas. En ese contexto, una de las presentaciones judiciales apuntó contra profesionales del establecimiento y contra la conducción de la institución por presunto abandono en la atención.
La situación se agravó por el conflicto laboral que atraviesa el establecimiento. Trabajadores de la salud mantienen reclamos por falta de pago y retención de tareas, mientras familiares de pacientes sostienen que la atención se volvió irregular. Desde Atsa Mar del Plata habían explicado que quedaba una guardia mínima, pero que continuaba el reclamo por salarios adeudados.
Durante el allanamiento se constató que había personal médico y de enfermería dentro de la clínica, aunque el cuadro general quedó atravesado por la discusión sobre los alcances de una medida gremial en un servicio esencial. En la Justicia remarcan que el objetivo del procedimiento fue reunir documentación y verificar situaciones puntuales, no ordenar medidas asistenciales dentro del establecimiento.
Preocupación por Pami e Ioma
La reunión que prepara Fiscalía General apunta a ordenar una mesa de discusión por el funcionamiento de las obras sociales con mayor cantidad de afiliados. En el radar aparecen especialmente Pami e Ioma, por la cantidad de adultos mayores y trabajadores estatales que dependen de sus prestaciones en Mar del Plata y la región.
En el caso de PAMI, los reclamos de familiares de pacientes de la Clínica Mar del Plata expusieron dificultades para sostener internaciones, derivaciones y atención de patologías graves. La discusión también alcanza a la disponibilidad real de camas, servicios de diagnóstico y prestadores activos para una población que, en muchos casos, requiere controles permanentes.
En paralelo, Ioma también quedó bajo la lupa por problemas de cobertura y acceso a prestaciones. Para el Ministerio Público Fiscal, no todos los reclamos sanitarios derivan necesariamente en delitos penales, pero el volumen de situaciones encendió una alerta institucional por el riesgo de que casos particulares se transformen en un cuadro generalizado.
La crisis ya había tenido otros capítulos dentro de la misma institución. Días antes del allanamiento, familiares habían advertido por la falta de atención médica y trabajadores habían iniciado medidas de fuerza por deudas salariales. También hubo reclamos por demoras, guardias reducidas y dificultades para conseguir traslados.
El conflicto salarial en la clínica se arrastra desde hace semanas. La retención de tareas fue explicada por los trabajadores como consecuencia de pagos incompletos y falta de respuestas de la empresa. En ese contexto, familiares de pacientes internados denunciaron que la atención se volvió insuficiente y que la situación generaba angustia en cuadros delicados.
La convocatoria todavía no tiene fecha confirmada, pero se prevé para esta semana. El objetivo será poner en común el estado de situación, revisar la respuesta de los prestadores y evitar que la crisis de cobertura derive en nuevos casos graves dentro del sistema sanitario local.
Fuente: Mi8
