El presupuesto deroga parte de la ley de emergencia y endurece condiciones de acceso a pensiones. La iniciativa del Ejecutivo también elimina el arancel único para prestadores
El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2027 y abrió un nuevo frente de conflicto en torno al tema discapacidad. La iniciativa busca modificar el régimen de pensiones, cambia el mecanismo de fijación de los aranceles de las prestaciones y propone derogar cuatro artículos de la ley 27.793 de emergencia nacional en Discapacidad.
En un nuevo ataque al sector, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley del Presupuesto 2027 la modificación del Nomenclador Nacional de Discapacidad.
El artículo 39 del Presupuesto 2027 modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901 que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.
El artículo 7° bis de la Ley 24.901 es el que establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas. Es decir que sin importar que obra social o prepaga se tenga, todas deben garantizar las mismas prestaciones y un mismo piso para todas por debajo del cual no podrán pagar a sus prestadoras.
Ahora Milei y Caputo quieren eliminar este punto clave y dejar librada a cada obra social y prepaga la posibilidad de definir por sí misma qué prestaciones ofrecerá y cuáles no y cuánto pagará por cada una de ellas.
Cabe recordar que en 2024 el gobierno de Milei aumentó el nomenclador un 99%, contra una inflación que fue del 117%. Es decir, quedó 18 puntos abajo. La actualización en los valores del nomenclador a lo largo de todo 2025 fue del 0% contra una inflacion del 31,5%. El gobierno libertario profundizó así el ajuste y congeló las partidas a lo largo de todo el año.
Las otros cambios que presentó el Gobierno
Además, el Presupuesto propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia. Entre otros cambios, esto alcanza al régimen de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, a la cobertura médica asociada a esa prestación y al mecanismo previsto para convertir de oficio pensiones otorgadas con anterioridad al nuevo régimen.
También queda alcanzado el artículo que regulaba los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. En su lugar, el proyecto incorpora el nuevo mecanismo de determinación de aranceles, con valores definidos por cada ente obligado y un régimen específico para el Estado nacional.
Otro de los cambios significativos aparece en el régimen de pensiones. La legislación vigente creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, destinada a personas con discapacidad que cumplan determinados requisitos. Entre ellos figura acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La norma también establece que los requisitos para acceder a esa protección deben ser determinados por ley del Congreso.
El presupuesto propone volver a una pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo. Ese mismo porcentaje rige actualmente para la pensión por discapacidad, por lo que la diferencia no está en el monto sino en el criterio de acceso y en las condiciones que acompañan al beneficio.
La polémica tiene además una particularidad política: se produce al mismo tiempo que Diputados comienza a discutir la prórroga de la propia ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas este miércoles a las 12, luego del emplazamiento votado por la Cámara el 9 de septiembre, para iniciar el tratamiento de esa prórroga.
Fuente: Diario Popular
