CONICET, CONAE, CNEA, Agencia I+D+i, INTA e INTI tendrán menor financiamiento real, mientras las casas de altos estudios recibirán fondos por debajo de lo reclamado por los rectores.
El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre el sistema científico y las universidades nacionales, dos sectores que ya llegan al próximo ejercicio con dificultades de financiamiento. El Gobierno envió la iniciativa al Congreso al cierre del martes.
Para el sistema científico, las partidas previstas para CONICET, CONAE, CNEA y la Agencia I+D+i contemplan una actualización en línea con la inflación del 18% proyectada oficialmente para 2027. Si esa estimación no se cumple, los recursos perderían poder adquisitivo.
La situación se da luego de que estos organismos todavía no recuperaran la caída registrada desde diciembre de 2023. La pérdida acumulada de ingresos reales alcanza el 35% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.
El escenario planteado para INTA e INTI es todavía más restrictivo. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tendrá una reducción nominal del 12,4% en sus partidas, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial afrontará una baja del 5,2%.
Ambos organismos ya atravesaron fuertes recortes presupuestarios y una reducción significativa de sus planteles desde 2024. En el INTA, la merma acumulada en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI se acerca al 49%.
La UBA realizó clases públicas y actividades gratuitas en Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento universitario.
Universidades nacionales
El proyecto contempla 7,34 billones de pesos para las universidades nacionales, muy por debajo de los más de 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las instituciones de todo el país.
Además del aspecto presupuestario, la iniciativa incorpora una disposición que genera preocupación en el ámbito académico. Las universidades deberían informar al Ministerio de Capital Humano el destino de sus gastos, mientras que el Poder Ejecutivo quedaría facultado para suspender transferencias ante incumplimientos.
Los rectores cuestionan esa condición porque, según advierten, pone en discusión el principio de autonomía universitaria. A su vez, sostienen que los fondos reclamados resultan necesarios para afrontar las obligaciones del sistema.
En paralelo, las autoridades universitarias exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y anticipan un escenario de fuerte conflictividad si el proyecto mantiene las condiciones planteadas.
Fuente: Diario Popular
