El defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, sostuvo que la quita del beneficio impactará en todos los usuarios y anticipó que trabajan en una posible presentación judicial.
El defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, advirtió que la reforma de Zona Fría tendrá impacto directo en las boletas de gas de Mar del Plata y anticipó que ya trabajan en una posible presentación judicial.
“No nos sorprendió el resultado de la votación reciente en el Senado de la Nación. Sabíamos que esto podía suceder”, señaló Lacedonia, luego de la aprobación del proyecto que limita el alcance del beneficio vigente desde 2021.
El defensor del Pueblo explicó que la estrategia judicial todavía requiere algunos pasos previos. “Venimos trabajando técnicamente en la vía judicial. Faltan algunas formalidades, detalles que no son menores. Probablemente sea reglamentado por el Ejecutivo y hay algunos detalles que tenemos que considerar antes de cualquier presentación judicial”, indicó.
Sobre el impacto económico, Lacedonia planteó que la modificación no solo afectará a Mar del Plata y a las ciudades que pierdan el beneficio. Según explicó, también habrá cambios para quienes conserven el régimen original de Zona Fría en la Patagonia, la Puna y Malargüe.
“Va a impactar en todos los usuarios de gas, incluso en aquellos que van a seguir manteniendo el beneficio de Zona Fría original”, sostuvo. En ese sentido, precisó que el subsidio ya no se aplicaría sobre todos los componentes de la factura, sino sobre el gas en el punto de acceso al sistema de transporte, que representa menos del 20% del total.
En el caso de General Pueyrredon, Lacedonia remarcó que la eliminación del descuento del 30% o del 50% no debe leerse de manera lineal. “Eso no quiere decir que ese sea el aumento, porque aritméticamente el descuento del 30% no implica que ahora se va a hacer ese aumento, sino que nosotros consideramos que va a ser superior al 42% como piso”, afirmó.
La vía judicial por la Zona Fría
El defensor del Pueblo sostuvo que el camino judicial más probable sería un amparo colectivo. “Entendemos que la vía es un amparo con carácter colectivo, porque hay ciertos requisitos que la ley exige para que proceda un amparo de este tipo”, explicó.
Lacedonia planteó que la reforma surge de “un acto que emana de la autoridad pública”, en este caso del Congreso, y que afecta “de manera igual a todos los usuarios de gas residencial”. También remarcó que se trata de un servicio público esencial, vinculado con derechos básicos.
“El gas es condicionante del acceso a un montón de otros derechos fundamentales, como una vivienda digna con un confort térmico”, sostuvo. Y agregó que ese confort está establecido “por lo menos en un piso de 18 grados para poder vivir dignamente y que no afecte la salud”.
En ese punto, hizo foco en la situación local. “En una ciudad como la nuestra, con un 20% de población de adultos mayores de 65 años, esto es condenarlos a apagar el calefactor y enfrentarse a posibles patologías respiratorias o agravar sus enfermedades crónicas”, advirtió.
Para Lacedonia, la reforma podría no superar el análisis judicial de razonabilidad. “Entendemos que esto no pasa el test de razonabilidad que un juez debería valorar en el caso de que se presente un amparo de este tipo”, sostuvo.
El defensor del Pueblo también recordó que los usuarios de las ciudades excluidas del régimen seguirán aportando al fondo que financia el beneficio. “La palabra subsidio simplifica algo que en realidad es un fondo compensatorio de tarifas, al cual se sostiene con aportes de todos los usuarios de gas residencial del país”, explicó.
Por eso, advirtió que los usuarios de Mar del Plata, ya eliminados del beneficio, seguirán pagando un porcentaje de la factura para sostener la Zona Fría que queda vigente. El planteo se suma a la preocupación que ya había generado la media sanción en Diputados, cuando se advirtió por el impacto en Mar del Plata.
“Nosotros estamos convencidos de que esto, en términos jurídicos constitucionales, no resiste mucho análisis”, afirmó Lacedonia. Además, adelantó que en una eventual acción judicial podrían pedir una resolución urgente, porque el juez debería comparar la norma vigente con los principios constitucionales y de derechos humanos incorporados desde la reforma constitucional de 1994.
Por último, el defensor del Pueblo señaló que todavía resta conocer la reglamentación de la ley y advirtió que los criterios para conservar parte del beneficio no serían solo de ingresos, sino también patrimoniales.
“Puede ser que una familia no llegue a las tres canastas básicas totales, pero que a lo largo de su vida haya podido tener su casita y a lo mejor alguna otra propiedad, y ese criterio patrimonial la deje afuera del beneficio”, explicó.
La discusión se da en un contexto de fuerte sensibilidad por las tarifas de gas en Mar del Plata y la región, donde ya se habían registrado actualizaciones en los cuadros de Camuzzi antes de la definición sobre el régimen de Zona Fría.
Fuente: Mi8
