La organización tenía células en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, y se realizaron allanamientos en tres establecimientos penitenciarios
La banda de «El Subcomisario Gutiérrez» que cometía estafas telefónicas desde tres cárceles bonaerenses quedó bajo investigación luego de que se detectaran 10.441 llamadas realizadas desde la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos a distintos puntos del país. Los internos utilizaban engaños para obtener dinero de las víctimas y contaban con otros integrantes que operaban en diferentes ciudades, entre ellas Mar del Plata.
La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 13 del Departamento Judicial de Mar del Plata y comenzó en los primeros días de julio de este año. A partir del análisis de informes de empresas telefónicas y de intervenciones judiciales, los investigadores lograron reconstruir parte del funcionamiento de la presunta asociación ilícita.
Los registros permitieron identificar dos períodos de actividad. Entre el 4 de junio y el 8 de julio se contabilizaron 5.158 llamadas, mientras que entre el 4 de agosto y el 8 de octubre se detectaron otras 5.283, efectuadas mediante un nuevo número telefónico.
Los contactos alcanzaron a numerosas localidades de distintas provincias, entre ellas Mar del Plata, Necochea, Miramar, Tandil, Tres Arroyos, Bahía Blanca, La Plata, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de ciudades de otras regiones del país como La Rioja, Tunuyán (Mendoza), General Pico, Corrientes, Río Tercero, Rosario, Paraná, Neuquén, San Carlos de Bariloche, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Ushuaia.
El cuento del tío
Según la investigación, los internos actuaban como si manejaran un centro de llamadas. Se comunicaban con las víctimas, en su mayoría personas mayores, para obtener información personal y patrimonial y convencerlas de entregar dinero o realizar transferencias.
Una de las modalidades consistía en hacerse pasar por policías y afirmar que un familiar de la víctima había sido detenido tras atropellar a una mujer embarazada. Con la excusa de que necesitaba pagar una fianza para recuperar la libertad, los estafadores anunciaban que un supuesto efectivo pasaría por la vivienda a retirar el dinero.
En otros casos, los delincuentes simulaban ser hijos o sobrinos de las víctimas y les pedían cambiar dólares de manera urgente, bajo el argumento de un supuesto anuncio presidencial.
La estructura también contaba con grupos que operaban como células en distintas ciudades. Cuando no conseguían concretar el engaño por teléfono, algunos integrantes podían presentarse en los domicilios para retirar dinero o ingresar a las viviendas y sustraer bienes.
En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en la Unidad Penal N° 1 de Olmos, donde los investigadores secuestraron teléfonos celulares en la celda de Hugo Carlos Miguel, señalado en la investigación por su presunta participación en las maniobras. El documento judicial indica que el interno cumple una condena de 30 años de prisión por otros hechos, entre ellos robo agravado y homicidio agravado.
Además, se solicitaron procedimientos en las unidades penales N° 44 y N° 15 de Batán para detener a Alejandro David Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Ezequiel Villalba, sospechados de integrar la organización y de participar en estafas y robos agravados. En ambos establecimientos también se secuestraron teléfonos celulares.
En el cierre de su presentación, el fiscal advirtió sobre la necesidad de prohibir el uso de celulares por parte de los internos en las cárceles bonaerenses. Sostuvo que estos dispositivos permiten planificar y ejecutar estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones y otros hechos ilícitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Fuente: Mi8
