La sesión comenzará a las 11. El proyecto busca dar carácter permanente a las medidas de la emergencia e incluye compatibilidad entre pensión y empleo formal.
El Senado debatirá este jueves 19 de noviembre, desde las 11, la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad. El proyecto busca mantener las principales prestaciones de la emergencia que vence en diciembre y transformarlas en disposiciones permanentes.
La iniciativa se denomina “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Su objetivo es conservar el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero eliminar su carácter transitorio. El texto cuenta con respaldo de las distintas fuerzas políticas, según la información difundida sobre el debate.
La agenda se analizó este miércoles durante una reunión de Labor Parlamentaria en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. La propuesta todavía debe someterse a la votación de la Cámara alta.
Pensiones, aranceles y pagos a prestadores
Uno de los puntos centrales es la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal o la inscripción en el monotributo. El proyecto mantiene esa posibilidad siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio comprende a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), bajo las condiciones previstas en la iniciativa.
En materia de prestaciones, el texto conserva el nomenclador único y ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación. También contempla la cobertura básica de protección médica de Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
El esquema de financiamiento establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
La propuesta también incorpora auditorías periódicas, con cruces de información entre la ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y el Registro Nacional de las Personas. Esos controles deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo.
A pedido de bloques aliados, se sumó una cláusula transitoria con un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a prestadores. Además, el proyecto fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Fuente: Mi8







