La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo alcanzó su sanción luego de una maratónica votación en la Cámara de Senadores, donde hace exactamente tres años –el 30 de diciembre de 2020-, resultó aprobada tras conseguir 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
Las movilizaciones en las calles durante todo el debate en torno a la Ley IVE oficiaron de empujón para que esta legislación -modelo a nivel mundial- se convierta en otro derecho adquirido para los colectivos históricamente olvidados: con su sanción se saldó una de las tantas deudas de la democracia con las mujeres y las diversidades argentinas.
Hoy, a tres años de este logro, las recientes medidas del presidente Javier Milei encienden la alarma en torno a la posibilidad de la limitación o hasta derogación de la normativa que permite acceder a una interrupción voluntaria, legal, segura y gratuita del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Dentro de la larga lista de derogaciones que el presidente Javier Milei propuso durante todo su recorrido en la campaña de este año, se encontraba la posibilidad de llamar a un plebiscito para re-debatir la Ley 27.610.
En una de sus primeras medidas, el mandatario presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia ante el Congreso a partir del cual busca derogar o modificar gran cantidad de leyes y disposiciones. La Ley de IVE no fue víctima directa de este recorte, pero si peligra colateralmente.
Por ejemplo, el DNU 70/23 dejaría sin efecto la Ley 27.113 de promoción de la actividad de los laboratorios de producción pública, lo que podría impactar indirectamente en la producción y distribución de misoprostol y mifepristona, que actualmente se fabrican y comercializan por diversos laboratorios públicos y privados.
Por otra parte, el proyecto de «Ley Ómnibus» presentado este martes por el Gobierno propone modificaciones a la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como «Ley de los 1.000 días», complemento de la normativa de interrupción voluntaria del embarazo.
Entre ellas, elimina la nominación «personas gestantes» -presente en el original- y la modifica por «madres embarazadas», al tiempo que hace mención en reiteradas oportunidades a «niños desde la concepción».
El proyecto de Ley también elimina las menciones que la original hacía al «respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva» y a la «autonomía de las mujeres y otras personas gestantes«.
Además, la propuesta de Javier Milei también incluye modificaciones en la Ley Micaela, que prevé capacitar a todo el personal público en materia de prevención de la violencia de género.
De aprobarse su proyecto, la ley dejará de «capacitar en temáticas de género» a los integrantes de los tres poderes del Estado, para pasar a capacitar «en la temática violencia familiar y contra la mujer», erradicando el concepto de «género» tanto en ésta como en otras normativas que lo mencionen.
Con estas modificaciones, el presidente deja abierta la puerta a interpretaciones que limiten la aplicación de la Ley en diversos sectores y, además, a que en poco tiempo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sea víctima directa de sus recortes, por lo que pensar en una posible derogación no es fantasioso.
Tres años con aborto legal, seguro y gratuito
Desde el 14 de agosto del 2021 -fecha en la que se reglamentó la Ley 27.610- y hasta hoy, la práctica se incorporó en centros de atención primaria de la salud y hospitales en todas las provincias, alcanzando las 1.982 instituciones donde se puede acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. En estos casi tres años, se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan la práctica de forma segura, según indicó el reciente informe «Es mucho más que un aborto» del Proyecto Mirar.
Además, entre el 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo y las muertes maternas se redujeron de 23 a 13 entre 2020 y 2021, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.
La normativa llegó tras años y años de lucha de organizaciones y colectivos feministas que bregaron históricamente por la libertad de las personas para decidir sobre el futuro de sus vidas.
La Ley 27.610 logró terminar con el fantasma de la muerte en la clandestinidad para convertirse en una promotora de la vida de las mujeres, de validación de sus propias decisiones, pero a tres años de su legalización todavía se encuentra con obstáculos para su aplicación plena.
Si bien la ley aspira a garantizar el acceso universal a prácticas seguras en todo el territorio argentino y en los tres subsectores de la salud -público, privado y obras sociales-, es frente a las prepagas y obras sociales que las personas gestantes encuentran más dificultades para acceder irrestrictamente a un procedimiento.
En el segundo aniversario de la ley, en 2022, la en ese momento Ministra de Salud, Carla Vizzotti, expresó que entre enero y septiembre de ese año las provincias informaron 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud, y 73.487 en 2021. Fueron realizadas además 187 asistencias técnicas a las provincias para la resolución de situaciones de interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo (IVE/ILE), y la línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió, entre enero y octubre de este año, 13.752 consultas por IVE/ILE, mientras que en todo el 2021 fueron 17.943.
Este año, el reciente cambio de gestión en el Gobierno nacional y la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades no garantizó la difusión de los datos correspondientes al 2023, por lo que no hay información acerca del último año de aplicación de la normativa.
- Línea 0800 SALUD SEXUAL
- Para informarte sobre la ILE/IVE comunicate al 0800-222-3444
- En todo el país. La llamada es confidencial.
- También se pueden comunicar por mail: saludsexual@msal.gov.ar
Fuente: MI8
