En la jornada de ayer frente al Ministerio de Salud de la Nación se volvió a poner el tema en el centro de la escena. La movilización fue multitudinaria y reunió a prestadores, docentes de escuelas especiales y de modalidad, terapeutas, transportistas, referentes, personas con discapacidad y sus familias. No fue una convocatoria aislada, fue la expresión concreta de una preocupación que atraviesa a todo el sistema y de una comunidad que se organiza para defender derechos.
Y ese es el primer punto que hay que plantear con claridad, porque no se puede reformar lo que no se cumple.
En lugar de avanzar en su implementación, el Ejecutivo propone cambiar sus reglas. Para justificarlo, instala la idea de que el sistema está desbordado. Se pone el foco en el crecimiento de las pensiones no contributivas, que pasaron (según datos oficiales) de 76 mil, en 2003, a más de 1 millón 200 mil en la actualidad.
Pero ese dato, presentado sin contexto, construye sospecha. Porque no habla del aumento de la pobreza, ni de la exclusión, ni de la ampliación de la demanda social. Habla de “irregularidades”.
Se mencionan auditorías, diagnósticos cuestionados y direcciones inconsistentes. Todo bajo una lógica que no apunta a mejorar el sistema, sino a restringirlo, a cambiar su lógica.
Se busca pasar de un modelo basado en derechos a otro cimentado en sospecha y revisión permanente. Donde antes había garantías, ahora hay condicionamientos. En lugar de obligación del Estado, se pretende discrecionalidad administrativa.
Este proyecto es además un retroceso conceptual que no es menor. Implica volver a una mirada de la discapacidad en contraposición con el enfoque social e interdisciplinario que hoy está plenamente vigente.
La discapacidad no puede reducirse a una condición médica a auditar. Es una construcción que involucra barreras sociales, económicas y culturales, y que requiere respuestas integrales. Volver atrás en este punto no es una discusión técnica. Es un retroceso en derechos.
El corrimiento hacia una lógica de auditoría permanente no es neutral. Reinstala la idea de que el problema está en la persona y no en las condiciones que generan exclusión. Eso contradice el paradigma actual, que pone el foco en la inclusión, la accesibilidad y la responsabilidad del Estado.
En este marco, hay dos ejes especialmente preocupantes: las pensiones no contributivas y el nomenclador de prestaciones.
El contexto de la marcha fue que el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para modificar y derogar artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad. No es un dato menor ni una excusa para reclamar, ya que se trata de una norma votada cuatro veces en el último año. Es decir, no estamos frente a una ley vieja o desactualizada; estamos frente a una ley que, en gran medida, no se está aplicando.
Reducir o restringir pensiones no es ordenar el sistema, es excluir. Modificar el nomenclador sin garantizar financiamiento no es eficiencia, es desfinanciamiento.
Pero hay algo todavía más grave y es que se pretende cambiar la ley mientras el propio Estado incumple la vigente.
Hoy hay demoras en certificaciones, retrasos en pagos, prestaciones que no se actualizan y familias que sostienen lo que el sistema no cubre. Frente a eso, la respuesta no puede ser ajustar derechos.
La discapacidad no es un gasto por reducir. Es una política pública que el Estado está obligado a garantizar. Por eso, este proyecto no es una corrección. Es un retroceso. Y como todo retroceso en derechos, no empieza con un recorte explícito. Empieza con discursos de orden, auditoría y eficiencia. Pero termina afectando a quienes menos margen tienen.
Tenemos derechos. Y hoy, más que nunca, los tenemos que defender.
Fuente: Walter Martello
