Walter Domínguez Paz, dueño de un hogar que debió cerrar sus puertas, explicó que las inspecciones del Ministerio de Salud provincial se intensificaron, pero cuestionó los plazos para resolver expedientes y reinspecciones.
Las demoras en las habilitaciones de geriátricos y residencias para adultos mayores volvieron a quedar en el centro de la discusión en Mar del Plata. Tras el proyecto de Gabriela Azcoitía para convocar a una jornada de trabajo por las demoras en las habilitaciones de geriátricos, el dueño del Hogar Sol Naciente, Walter Domínguez Paz, advirtió que el problema no pasa solo por los controles, sino por los tiempos posteriores para resolver cada trámite, que deja a muchos hogares de larga estadía sin poder incorporar nuevos pacientes.
En diálogo con Mi8, Domínguez Paz explicó que las residencias y hogares dependen de la habilitación provincial y que en los últimos años se intensificaron las inspecciones del Ministerio de Salud bonaerense. “Después del hogar que se prendió fuego (en el que murieron tres mujeres, en diciembre de 2025), las inspecciones de Provincia se intensificaron en cantidad y en calidad”, señaló, en referencia al caso de Sagrada Familia.
El responsable del Hogar Sol Naciente, al que se vio obligado a cerrar, sostuvo que los controles son necesarios, pero remarcó que el sistema quedó trabado por la falta de capacidad operativa. “Hay tres inspectores para toda la zona, es imposible que puedan resolverlo rápido”, afirmó.
Según describió, muchas instituciones reciben observaciones, corrigen los puntos indicados y luego deben esperar meses para una nueva visita. “Cuando tenemos todo resuelto y pedimos que nos inspecciones de vuelta, ahí es donde los tiempos se dilatan”, planteó.
Domínguez Paz también apuntó contra la instancia administrativa provincial. “El trámite de acá va a La Plata y en La Plata se demora el tiempo que quieran”, sostuvo. Y agregó: “Me dijeron que mi trámite está para la firma, pero cuando pregunté cuánto faltaba me respondieron: ‘No lo sé’. Dos meses, tres meses, veinte días, no hay tiempos”.
El punto más crítico, explicó, aparece cuando las familias necesitan que una obra social o prepaga cubra la internación. Si la residencia no tiene la habilitación provincial vigente, los recursos de amparo pueden quedar frenados. La situación se conecta con otros reclamos por demoras en la atención y problemas de cobertura que atravesaron la agenda sanitaria local.
“Si no tenés la habilitación vigente, los juzgados no te están dando la cobertura”, advirtió. Para Domínguez Paz, ese escenario deja a las familias sin margen económico. “En 2024 a la familia le costaba pagarlo, pero lo pagaba. En el 2026 la familia ya no lo puede pagar. Entonces recurre a la obra social, que por ley lo debería cubrir”, comparó. En caso de no poder costear el pago de un hogar de larga estadía, algunas familias no tienen más opción que llevar a los abuelos otra vez a sus casas.
En ese sentido, remarcó que la obra social Ioma sigue sin cubrir completamente las internaciones de sus afiliados, debido a la recurrente demora en los pagos de prestaciones.
También señaló que algunas clausuras preventivas no implican el cierre inmediato del establecimiento, pero sí impiden recibir nuevos residentes. “Vos tenés que seguir trabajando con los que están adentro y nada más. No podés ingresar a nadie más”, explicó.
Ese escenario, sostuvo, puede volver inviable el funcionamiento cotidiano. “Si tenías capacidad para 20 personas y se te fue la mitad, con la mitad tenés que seguir manteniendo todos los costos”, dijo. En ese punto mencionó sueldos, alquiler, comida y calefacción.
Domínguez Paz aclaró que no cuestiona que se exija el cumplimiento de la normativa. “No me parece mal que nos pidan a todos con la misma vara y con la vara correcta”, remarcó. Sin embargo, insistió en que el problema aparece después: “El tema es que después resuelvan”.
La discusión se suma a otros reclamos vinculados al acceso a prestaciones de salud y cobertura, como los planteos del sector de discapacidad de Mar del Plata por atrasos y recortes en tratamientos. En este caso, el impacto recae sobre adultos mayores, familias que necesitan apoyo judicial y hogares que advierten que no pueden sostenerse indefinidamente sin respuestas administrativas.
Fuente: Mi8
