Un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) denunció que la política económica del Gobierno Nacional desincentiva la inversión, producción y hasta la misma continuidad de negocios del sector a través de distintas medidas. Y señala que, en un contexto de emergencia económica en general, y en los sectores de comercio, construcción e industrial en particular, este grupo de empresas están siendo las más perjudicadas.
«Las cargas que hoy enfrenta una pyme en materia impositiva son algo que hay que resolver y elaboramos un proyecto de ley Pymes que presentaremos al ministro del Interior, Guillermo Francos, para mejorar la situación del sector y su aporte a la economía», dijo Daniel Rosato, presidente de IPA en el marco de la presentación de la propuesta que elevaron al Gobierno
El objetivo de esta nueva norma busca equilibrar la balanza con otras empresas tras los perjuicios que genera el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Asimismo, contó que el sector «está sufriendo una competencia desleal en el mercado con productos que vienen desde el exterior, a veces, incluso con precios de dumping».
Señaló, por ejemplo, el caso de los medidores de gas, que se fabrican en una sola empresa en Argentina bajo exigencias de calidad muy estrictas, mientras que ingresan de China otros con estándares mucho más bajos, que son «de chapa» y que implican un riesgo fuerte para el usuario. «Ya se habían quitado del mercado hace un tiempo y ahora los están dejando ingresar nuevamente», alertó Rosato.
Uno de los principales problemas que genera el RIGI para el entramado productivo argentino, según un informe de IPA al respecto, es que implica una oferta de beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de estabilidad normativa a empresas que realicen inversiones por un valor de u$s200 millones o más, pero las micro, pequeñas y medianas empresas quedan excluidas.
Cómo genera desventajas el RIGI
Estos beneficios incluyen dimensiones impositivas, aduaneras, cambiarias y de estabilidad normativa como:
Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).
Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.
Devolución acelerada de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses.
Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.
Cómputo del 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
Beneficios aduaneros: exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
Beneficios cambiarios: libre disponibilidad de divisas para exportaciones de manera gradual (20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero) y divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años y garantía de no afectación por normativas más gravosas.
«Se trata de un régimen que promueve la competencia desleal entre las MiPyMEs (predominantemente nacionales) y las empresas grandes (muchas de las cuáles son y serían extranjeras), ya que, una vez que se implemente el RIGI, tendrán mayores obligaciones en comparación con las empresas alcanzadas por él», denuncia IPA. Y asegura que «todo esto implica una bomba de tiempo» para el sector.
Algunos de los puntos que plantea la propuesta de ley Pyme
En este marco, el Observatorio de IPA lanzó lanzó la propuesta de la ley Pyme, una nueva normativa que permita implementar una eliminación del pago de retenciones a exportaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas que agregan valor y exportan productos. Asimismo, exigieron que el Estado debe dar capacitaciones, asistencias y subsidios de tasas para poder exportar y aumentar el volumen de venta al exterior.
Así lo planteó el economista Pablo Bercovich, quien señaló que se propone la exoneración impositiva impositiva a pequeñas empresas que incluyan a las pymes en su cadena de generación de valor.
Por su parte, el economista Martín Kalos criticó que «es inaceptable que el Gobierno no desarrolle políticas de incentivo a las pymes, que son clave para el desarrollo de la Argentina». Dijo que el costo que más ha aumentado para el sector y que amenaza la dinámica de las empresas es el costo de la energía. Destacó, en este sentido, que hay que generar cierta previsibilidad en la evolución de las tarifas para que puedan planificar sus gastos.
Kalos también hizo referencia a la pata tributaria y dijo que hay que revisar cómo se aplican los impuestos a las pymes en Argentina y señaló que es importante que se las exima, por ejemplo, del impuesto al cheque. Además, sugirió que se les de beneficios a las empresas pequeñas y medianas que las equipare con los beneficios que reciben otros sectores, que gozan de muchos regímenes especiales y exenciones.
En lo que se refiere al punto de vista laboral, IPA plantea un capítulo especial en su propuesta de ley y el foco está puesto en los cálculos de las indemnizaciones y actualizaciones de precios a la hora del pago.
Fuente: ámbito
