Agentes de la División de Policía Federal, Unidad Operativa Mar del Plata, constataron nuevamente la afectación por contaminación de la Playa Pública y ribera del Arroyo Lobería debida a escorrentías de aguas cloacales provenientes de un sistema clandestino de pozos ciegos. Éstos se encuentran ubicados sobre una zona de médanos dentro de la Unidad Turística Fiscal ARROYO LOBERÍA, cuya concesión posee desde 1991 la empresa Rivan S.A , balneario del cual fue Gerente Hernán Lombardi hasta 1999, año en que fuera convocado por el presidente De la Rúa para ocupar el cargo de Secretario de Turismo de la Nación.
El balneario Manantiales Club de Mar está ubicado en el Km 541 de la ruta provincial N° 11. El allanamiento, cuya instrucción fue ordenada por el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Juez Santiago Inchausti y el actual Fiscal Subrogante Carlos Adrián Martínez de la Fiscalía
Federal N° 2, contó con la presencia del Sr. Agustín Bosch, Delegado regional de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) y la sorpresiva presencia de OSSE en el predio. Recordemos que el directorio de OSSE presentó un dictamen en 2020, ante la Fiscalía N° 11 de Delitos Ambientales en donde informa que la Unidad Turística Fiscal PLAYA BONITA, donde explota la concesión el Balneario Luna Roja, se hallaría excluida del área de servicio quedando fuera de su competencia el control y fiscalización de sistema de tratamiento y vuelco de aguas servidas. En este caso estaría repitiéndose la misma situación, generando ambigüedad al momento de preguntarnos sobre cuál de los organismos del estado carga con la responsabilidad de inspeccionar y habilitar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los balnearios que ocupan zonas donde no existe servicio de red de cloacas.
El allanamiento fue resultado de una denuncia realizada en marzo de 2020 por integrantes de la comunidad de Chapadmalal. Esa denuncia estuvo motivada por la presencia de olores que advertían la contaminación del ambiente en la ribera, hecho posteriormente
documentado en un video que sería aportado a la denuncia original.
Asimismo, se presentaron análisis bacteriológicos realizados en febrero de 2020 por ADA, donde se corroboran niveles de contaminación por bacterias, enteropatógenos, del tipo estreptococos, en niveles siete veces mayores al límite señalado como aceptable por el
Ministerio de Salud de la Nación para aguas de uso recreativas. Llama la atención que este hecho haya pasado inadvertido para la autoridad de control provincial, y más aun al Fiscal Pablo Adrián Cistoldi, responsable de la UFI 11 de Delitos Culposos contra el Ambiente.
Es oportuno mencionar que han existido reuniones previas entre asambleistas y Federico Scremin, titular del EMTUR, organismo municipal que posee a su cargo el control general de los balnearios en el partido de General Pueyrredón, y que durante esas reuniones y
denuncias que se remontan al mes de diciembre de 2020, se solicitó inspección y clausura del sistema de aguas residuales y la solución a problemas que hoy se encuentran en avanzados procesos judiciales, como son la usurpación de espacios públicos, delito cuya instrucción está a cargo de la Fiscal Lorena Hirigoyen titular de la UFI N° 12 de Usurpaciones quien emitió orden de levantamiento de cerco que obstruía el libre paso y otra causa penal cuyo proceso fue iniciado por infracción al el Art 1° de la Ley 23.592, PENALIZACIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS, presentado ante la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Departamento judicial Mar
del Plata, a cargo del agente Fiscal Daniel Eduardo Adler.
