Del reportaje realizado por Luciana Vázquez del diario La Nación al ex ministro de Energía Juan José Aranguren ha cobrado notoriedad la afirmación de éste que dijo: “no estoy de acuerdo que la energía sea un derecho humano”.
Esta afirmación nos da una invalorable oportunidad para discutir sobre el origen del “derecho a la energía” y sobre la “categoría de derecho Humano” que desde la FeTERA y la CTA le hemos atribuido a la utilización doméstica del gas, la electricidad, el petróleo y sus derivados, contemplada la garrafa de GLP y contabilizada entre las energías: el agua.
La idea del derecho a utilizar energías directas como los hidrocarburos (gas, petróleo y derivados) o indirectas como la electricidad, generada a partir de la utilización de otras fuentes, acompaña el desarrollo civilizatorio de la humanidad.
El consumo cada vez más creciente de energías, a lo largo de los siglos, acompañó el aumento del número de integrantes de nuestra especie y posibilitó los cambios tecnológicos que nos hicieron evolucionar de sociedades de cazadores y recolectores, a otras agrícolas, ganaderas y de ahí a la sociedad industrial, hoy caracterizada por el enorme consumo de gas, petróleo y carbón, recursos capaces de producir una enorme cantidad de energía y también, los gases de efecto invernadero que producen el cada vez más notorio “cambio climático”.
Esta fantástica evolución fue posible gracias a la habilidad que desarrollaron nuestros ancestros para utilizar el fuego y posteriormente la electricidad y derivados del petróleo, que nos llevó a abandonar los hábitat naturales en favor de la gran concentración de personas en villas y ciudades, que con el advenimiento de la era del petróleo creció a los niveles actuales, capaces de albergar más de 7000 millones de almas en todo el mundo.
El consumo de energía es entonces característico de nuestra evolución y al mismo tiempo se ha vuelto esencial para nuestra supervivencia. Esta última circunstancia hace que el consumo garantizado de energía cree condiciones de igualdad social, de dignidad y por lo tanto de justicia.
¿Qué otra característica tiene que tener la energía, para ser considerada un derecho?
Pensar hoy que una familia pueda prescindir de la energía eléctrica o del gas, natural o envasado, o que no tiene derecho a contar con agua o con bombas elevadoras para que el agua llegue a una vivienda que puede estar construida muchos metros sobre el nivel del suelo en cualquiera de los edificios que pueblan nuestras ciudades, constituye un pensamiento basado en la desigualdad y el egoísmo.
Cada vez menos personas tienen la posibilidad de criar animales para consumo o cultivar frutas y verduras. Es la heladera la que permite contar con estos alimentos aptos para su consumo y es la cocina la que garantiza que no se coma frío o crudo.
El consumo de gas y electricidad constituyen un derecho humano porque necesariamente tiene que ser de carácter universal y de fácil acceso.
En la Comunidad europea ya se presume que el precio doméstico de la energía no puede generar gastos que superen el 10% de los ingresos del usuario, un gasto superior se considera elevado y adentra a los usuarios en la llamada “pobreza energética”, situación social inaceptable y síntoma inequívoco de desigualdad e injusticia.
El ex ministro Aranguren no puede creer que la energía sea un Derecho Humano, porque entonces no podría explicar los enormes e impagables aumentos de tarifas que el mismo impulsó.
El ex ministro habla desde su convicción: dice que “la energía es un bien escaso y por lo tanto caro”. Antes de las privatizaciones, la Argentina gozaba de energía abundante y barata.
Las privatizaciones encarecieron la energía. Las empresas transnacionales y sus accionistas, ávidos de ganancias, transformaron el bien social de la energía en una mercancía y la falta de inversiones, la vuelve escasa en distintas épocas del año.
La recuperación soberana de los servicios públicos, el cambio hacia políticas que faciliten el acceso y consumo de energía y la utilización de una matriz energética que reduzca notablemente la producción de gases de efecto invernadero constituyen iniciativas necesarias para devolver el Derecho Humano a la energía, hoy perdido por décadas de políticas neoliberales.
