El Gobernador Rodolfo Suárez confirmó que se dará marcha a la iniciativa que permite el uso de sustancias químicas para la explotación minera: “No tiene la legitimidad del pueblo”
Tras la fuerte presión popular, la Legislatura de Mendoza derogará la nueva ley de minería, en una sesión extraordinaria en la que se dará marcha atrás a la iniciativa que permite el uso de sustancias químicas para la explotación minera, y se restablecerá la vieja ley 7.722. Con una masiva presencia de activistas ambientales, organizaciones sociales y partidos de izquierda, la sesión en el Senado comenzó cerca de las 10 de la mañana y luego será el turno de la Cámara de Diputados.
“Si bien esta ley es legal, no tiene la legitimidad del pueblo», expresó días atrás el gobernador Rodolfo Suárez anunciando que daría marcha atrás a la iniciativa. Asediado por las masivas manifestaciones sociales, el mandatario provincial tuvo que ceder y anular la implementación de la norma que permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro, entre otras sustancias que contaminarían el agua. “No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir”, sostuvo Suárez justificando la derogación.
Tras una serie de manifestaciones, el mandatario de Juntos por el Cambio había impedido la reglamentación y tenía previsto dejar sin efecto la norma recién en el mes de mayo, al comienzo de las sesiones ordinarias. Sin embargo, por temor a la cancelación de la Fiesta de la Vendimia -que muchas de sus reinas departamentales pertenecen a los distritos donde se iban a realizar la inversión minera- Suárez convocó a una sesión especial este lunes para concluir la derogación de la ley.
“Para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”, agregó Suárez en referencia a las distintas manifestaciones espontáneas que se armaron durante la última semana.
La normativa había sido aprobada el pasado 20 de diciembre en la Cámara alta con 29 votos a favor y 7 en contra, mientras que en la Baja fue de 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención. El gobernador publicó el 24 de diciembre en el Boletín Oficial la nueva reglamentación minera, a pesar del fuerte rechazo que se vio frente a la Casa de Gobierno mendocina. En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley, se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca y habilita la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.
Además, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que deberá informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.
Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos, y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.
Tras haberse aprobado la medida, una multitud que se hizo presente demostrando su descontento -en una marcha que se consideró “histórica” y que abarcó ocho cuadras de personas- terminó con corridas, incidentes y gases lacrimógenos. El fuerte cruce con las fuerzas de seguridad culminó con 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos, según fuentes de la propia fuerza.
Fuente: infobae.com
