Cinco de los seis detenidos acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicaba al juego clandestino online, al contrabando de celulares y al lavado de dinero a través de criptoactivos, lograron el arresto domiciliario. El único que continúa en un penal federal es Fabián Di Julio, señalado por la justicia como el jefe de la organización criminal.
Días atrás la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata le otorgó la última tanda de arrestos domiciliarios a los detenidos por los delitos de asociación ilícita; contrabando agravado; administración y/u operación y/o captación de juegos de azar sin autorización del ente pertinente; actividades de intermediación financiera no autorizada; evasión tributaria y lavado de dinero.
Con el beneficio otorgado a Fabián Nahuel Saraco, sólo permanece bajo prisión preventiva en el Penal Federal de Ezeiza, Fabián Di Julio, quien fue procesado por ser considerado el jefe de la asociación ilícita.
Saraco y el exfuncionario de la Dirección General Aduanas, Gabriel Beaian fueron los últimos en obtener el arresto domiciliario. En su momento, la Fiscalía Federal Nº 3 a cargo de Laura Mazzaferri decidió apelar el otorgamiento de los beneficios, pero la Cámara decidió hacer lugar al pedido de las defensas.
No obstante, dejó en manos del juez de la causa, Santiago Inchasuti, las condiciones del arresto. En ese sentido, fuentes judiciales informaron que se impusieron cauciones personales; la prohibición de salida del país o cambiar el lugar de arresto; el monitoreo con dispositivo electrónico (pulsera electrónica) para cada uno de los imputados.
Además determinó como pauta de conducta que los acusado deben abstenerse de realizar cualquier actividad financiera, económica y societaria y de disposición de bienes en el país y en el extranjero sin autorización previa del juzgado, y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con empleados y funcionarios de AFIP y dela Dirección general de Asuanas.
En cuanto a Verónica Scrosoppi, pareja de Di Julio, quien se encuentra imputada como integrante de la asociación ilícita pero sin prisión preventiva, el juez Inchausti debe resolver aún su situación procesal. La mujer fue citada a indagatoria hace 15 días y se negó a declarar.
La investigación estableció que los imputados crearon al menos diez empresas que utilizaron como pantalla para poder llevar adelante cada uno de los delitos. Muchas de ellas son firmas fantasmas y en otros casos no desarrollaban la actividad que habían declarado.
Los investigadores pudieron comprobar que el contrabando de teléfonos celulares Iphone y Xiaomi se realizaba desde los Estados Unidos. La organización habría contado con el funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) que garantizaba el ingreso de la mercadería al país. Luego los celulares eran vendidos a través de algunas de las empresas mencionadas en locales abiertos al publico y a través de sitios web.
Fuente: MI8
