En la Ciudad de Buenos Aires hay más 2.000 presos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. Esas dependencias no cuentan con infraestructura para brindar un alojamiento prolongado, ya que son espacios destinados al alojamiento transitorio por un máximo de 72 horas, así como tampoco con medidas de seguridad adecuadas. En poco más de dos semanas, hubo cuatro episodios de fugas de detenidos en comisarías porteñas. Fueron en total 17 presos que lograron escaparse, según relevó Infobae. El episodio más reciente ocurrió en la madrugada del lunes pasado cuando dos detenidos de la comisaría de Villa Urquiza lograron escapar tras limar los barrotes de su celda. No había un sistema de cámaras para advertir la maniobra. Las fugas anteriores incluyen la de 9 presos de la Alcaidía Nro 1 de San Telmo el pasado 31 de marzo, a la que se suma la de otros dos reclusos que se fugaron de la Comisaría de Balvanera y cuatro más de la seccional de Caballito.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Waldo Wolff, buscaron relativizar esa cifra. “En el 2023 hubo un total de 41 fugas y en el primer trimestre de este año tuvimos 10, eso indica que estamos dentro de las estadísticas del año pasado. Ahora tenemos un total de 12 fugas en lo que va del año, pero teniendo un 22% más de detenidos por robos y hurtos”, precisaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Sin embargo, no confirmaron el número total de presos que se escaparon en lo que va de 2024, y advirtieron que varios “fueron recapturados”.
La Ciudad de Buenos Aires reclama que esos presos deberían estar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, en esta gestión, pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerse a niveles y parámetros de seguridad estándar”, le dijo esta semana Wolff a Infobae.
En la misma línea, fuentes de esa cartera reiteran que “el tema se resuelve con el Servicio Penitenciario Federal llevándose los presos que, legalmente, no le corresponden a la Ciudad. Ahora, así como la inflación no se resuelve de un día para el otro, la situación carcelaria tampoco”. En esa línea, remarcaron que “la Ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales, el resto los juzga la Justicia nacional. Por ende, le corresponden al Servicio Penitenciario Federal. De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tienen sentencia firme, ya están condenados”.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no coinciden con esa visión y afirman que eso “está discutido”, y que “no es 100% así”. Argumentan que la Ciudad es autónoma, con el estatus de una provincia, y que tiene parte de la Justicia transferida. “En las provincias, los miles de presos por delitos no federales están detenidos en comisarías y cárceles que hay en esos distritos. Es un problema endémico de la República Argentina. No es una cosa que pasa solo en la Ciudad de Buenos Aires”.
Advierten que los tres complejos penitenciarios federales en el AMBA están, a su vez, superpoblados y que hay distintas resoluciones judiciales que les impiden ingresar nuevos detenidos por las condiciones de hacinamiento. Y, en ese sentido, destacan que la Ciudad aún no construyó la cárcel en Marcos Paz a la que se había comprometido por un convenio firmado en 2018 con la Nación, para trasladar allí a los detenidos de su distrito.
“El problema es que no estamos en condiciones de llevarlos hoy (a los detenidos en comisarías porteñas) a una cárcel, porque no tenemos adónde llevarlos. Tenemos que buscar con la Ciudad lugares alternativos para el stock de 2.000 presos que hoy son una cárcel completa. Y nosotros vamos ocupándonos del flujo, es decir de los 100 presos que por semana entran a las cárceles federales. Ellos tienen que terminar de construir una cárcel que está al 70% en Marcos Paz”, argumentó la ministra Bullrich en declaraciones a La Nación+ en una disputa solapada con las autoridades porteñas.
“Por otro lado, estamos presentándole un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre una cantidad de hábeas corpus de los mismos jueces que nos dan instrucciones contradictorias. Hay jueces que nos dicen ‘pongan dos camas en cada de las celdas’ y otro que nos dice que ‘está prohibido’. Uno nos dice que la capacidad de Marcos Paz es de 1000 presos, y otro que es de 1800″, se quejó.
El problema comenzó en 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández resolvió restringir por el COVID los ingresos a las cárceles federales. Esto implicó que comenzara a registrarse un aumento de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Antes de la pandemia había 60 presos detenidos en CABA, hoy hay más de 2.000 con espacio para 1.000. Esta superpoblación de las comisarías y alcaidías, sumado a que detenemos más de 80 delincuentes por día, hace que sucedan estos hechos (por la reiteración de las fugas). Estamos deteniendo un 22% más y no vamos a dejar de detener. Eso, paradójicamente y por la positiva, agrava la situación”, argumentan en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
Al 31 de marzo de 2024, había 2.025 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en CABA, según los últimos datos publicados esta semana por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). El 96% (1.940) se encontraban en dependencias de la Policía porteña. De esta cifra, 1.246 presos se alojaban en alguna de las 34 alcaidías que hay en la Ciudad, destinadas a la permanencia temporal de aquellos detenidos que tienen que ir a declarar o son citados por la Justicia. Pero el cupo en las alcaidías es de 798 plazas, por lo que el excedente es de 448 privados de su libertad en estas dependencias, sin condiciones adecuadas para estadías más prolongadas.
Otros 449 detenidos estaban en las 70 comisarías vecinales porteñas, cuya disponibilidad de celdas es para 243 personas en total, casi la mitad. En tanto, 235 se encontraban a la espera de ser trasladados, aunque sin destino conocido. Este último grupo, según registros de la PPN, son personas que permanecen esposadas las 24 horas del día en oficinas, quinchos, depósitos, subsuelo, guardia interna, entre otros espacios no apropiados para alojar a personas privadas de libertad.
Los tiempos de permanencia promedio en las alcaidías es de 127 días, pudiendo llegar hasta 970 días, mientras que en las comisarías vecinales el período medio es de dos meses, con situaciones que se extienden hasta 497 días. Asimismo, aquellas personas en espera de traslado a una instalación adecuada permanecen en promedio casi 19 días en dicha condición.
Además de los alojados en la policía de la Ciudad, a finales de marzo, había 66 alojados en dependencias de la Policía Federal Argentina, 8 en Gendarmería Nacional, 9 en Prefectura Naval y 2 en Aeroparque, bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación revela que el 58% de individuos está en prisión preventiva, un 28% a la espera de una decisión judicial y un 14% ya condenados. La mayoría de las personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad son hombres jóvenes, con un 96,8% de varones y 3,2% mujeres. La edad promedio de los detenidos es de 33 años, y el 42% de ellos tiene menos de 30.
Fuente: infobae
