Lo estimaron los ministros Moroni y Kulfas durante una videollamada con la CGT y la UIA. Hubo reclamos de empresarios y de sindicalistas tras el decreto que fija la asistencia del Gobierno para abonar los salarios. Acordarán un auxilio económico adicional para las obras sociales. Habrá un nuevo encuentro tripartito este jueves
El 80% de los trabajadores del sector privado cobrará la mitad del sueldo del mes de abril a través de la ayuda del Estado. Así lo estimaron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante una videollamada con autoridades de la CGT y de la UIA, en la que cada sector planteó sus dudas y sus reclamos respecto del decreto 376, que establece un sistema de ayuda salarial para las empresas y una reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.
Durante el encuentro, que seguirá probablemente el jueves, se produjo un debate entre los dirigentes sindicales y el vicepresidente 1° de la UIA, Daniel Funes de Rioja: la CGT planteó que si el Estado pagará el 50% del sueldo de las personas que están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. Pero el directivo industrial dijo que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas, por lo que acordaron definir un piso de porcentaje salarial.
Otro momento de tensión se produjo cuando Funes de Rioja destacó las limitaciones actuales de las empresas “después de dos años de recesión”, algo que fue fue retrucado por un sindicalista, que le recordó que “esos mismos dos años de recesión también afectaron a los trabajadores».
Uno de los puntos en discusión fueron los acuerdos por suspensiones con rebajas salariales que se están firmando en sintonía con el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para la CGT, como lo planteó esta tarde, los acuerdos de este tipo deberían hacerse “dentro del marco del convenio colectivo de la actividad”, mientras que la UIA opinó que, como lo marca la legislación, son individuales o colectivos pero sin necesidad de estar atado al andamiaje convencional.
También se esclareció algo que no está incluido en el decreto 376: quién se hará cargo de abonar los aportes sindicales y los correspondientes a las obras sociales. Según Moroni, se desprende del texto de la norma que el 100% del aporte para la seguridad social lo deben hacer las empresas.
Los dirigentes gremiales necesitan asegurarse esos pagos para poder pagar los sueldos de los sindicatos y de las obras sociales, que desde que comenzó la cuarentena cayeron más de un 50% en promedio. Hay gremios que mantienen estructuras muy importantes y corren el riesgo de no poder sostenerlas. Por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio, la más numerosa del país, recaudaba mensualmente 2.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales y obra social, y ahora esa cifra cayó un 40%, mientras sigue manteniendo mantiene un plantel de 4.000 trabajadores del sindicato en todo el país y una cifra similar que se desempeña en la obra social, OSECAC.
Para las obras sociales el cuadro es más complejo porque el sistema de salud que sostienen los sindicatos atiende habitualmente a 14 millones de personas y será clave para atender el mayor número de pacientes que habrá en el país cuando se produzca el pico de casos de coronavirus.
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En la videollamada de esta tarde, Moroni y los sindicalistas acordaron hablar del tema obras sociales en otro encuentro, pero la CGT insistió en el pedido de una ayuda adicional para el sistema. Entre los dirigentes cegetistas estiman que harían falta unos 15.000 millones de pesos para compensar el déficit en las obras sociales que está generando la abrupta caída de la recaudación.
Por eso la CGT difundió un comunicado de tono crítico el jueves pasado, luego de una reunión de unos 20 dirigentes por videollamada, en el que señaló que «resulta imperativo garantizar el financiamiento adecuado de las obras sociales para garantizar la atención de todos los trabajadores”.
Desde que avanzó la pandemia, la central obrera había logrado que el Gobierno destrabara el pago de 4.800 millones de pesos que les debía a las obras sociales (de un total retenido de 15.000 millones de pesos) en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad. A fines de marzo, la Superintendencia de Servicios de Salud les pagó 2.800 millones de pesos a las obras sociales y se espera que antes de que termine abril les pague otros 4.000 millones.
De la videollamada participaron, además de los ministros y de Funes de Rioja, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio),a quienes se sumaron los miembros de la conducción cegetista Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
La CGT, además, planteó a Moroni y Kulfas su expectativa de que “sea rápida” la inscripción de las empresas para beneficiarse por los alcances del decreto 376, que contempla el pago por parte de la ANSES del 50% del sueldo neto de los trabajadores, ya que la norma impactará en los acuerdos de suspensiones con rebajas salariales que se están negociando en varios sectores inactivos, como Comercio, construcción, metalúrgicos, mecánicos, gastronómicos, textiles y calzado, entre otros.
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En las últimas semanas se multiplicaron las negociaciones entre empresarios y sindicalistas que, ante la imposibilidad de pagar los salarios por la caída de la actividad, permitieron pactar suspensiones con el pago de un porcentaje de los sueldos, con el compromiso de mantener las fuentes de trabajo.
A partir del flamante decreto 376, algunos sectores analizan rediscutir los acuerdos para pactar el pago de un porcentaje más alto de los sueldos, considerando que el Gobierno se compromete a abonar el 50% de las remuneraciones, con un tope de dos salarios mínimos (unos 33.000 pesos).
La ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que anunció este domingo el Gobierno y que se concretó en el decreto 376, contempla el pago por parte de la ANSES del “salario complementario”, que equivale al 50% del sueldo neto del trabajador y establece como mínimo una suma equivalente al salario mínimo, que es de $16.875, y como tope la suma de dos salarios mínimos o el total del salario del trabajador registrado.
Además de la reducción de los aportes patronales, también se elevaron los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000, y se establecieron créditos a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, con subsidio del 100% del costo financiero total.
Fuente: infobae.com
Reglamentaron el pago del bono de 5 mil pesos para el personal de la salud
Los Ministerios de Salud y de Trabajo reglamentaron hoy de forma conjunta el mecanismo de percepción del denominado «Bono salud» de 5 mil pesos e informaron que esa asignación estímulo para el personal de la actividad será determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La nómina de trabajadores deberá ser concordante con la del Registro Federal de Establecimientos (Refes) e incluir al personal de la salud, a los profesionales y técnicos, auxiliares, ayudantes y a toda persona expuesta y abocada a controlar la pandemia provocada por el Covid-19, informaron ambas carteras de Estado.
Además, en la reglamentación se incluyó a los trabajadores que cumplen tareas en establecimientos de salud con internación, ya sea con financiamiento público o privado, y al personal de la seguridad social, de los sistemas de atención de emergencia extra hospitalaria, de los laboratorios de análisis clínicos y de los establecimientos y/o residencias de la tercera edad, puntualizó la resolución.
La cartera de Salud gestionará los pagos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en tanto el organismo recaudador (AFIP) verificará los datos y las Unidades de Atención Integral (UDAI) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) controlarán el proceso, informaron ambos ministerios.
Los trabajadores de la salud, una actividad declarada «esencial» por el gobierno nacional, percibirán una asignación estímulo no remunerativa de 5 mil pesos mensuales por las tareas realizadas en abril, mayo, junio y julio.
La reglamentación de la resolución oficial fue firmada por los titulares de las carteras de Salud y Trabajo, Ginés González García y Claudio Moroni, respectivamente.
Fuente: mardelplata.telefe.com
