Se trata de la millonaria fortuna que salió del país de la mano del ex secretario de Néstor Kirchner. Hay dos fiscales estadounidenses que, con la ayuda del FBI, también investigan el caso
Dos fiscales de Estados Unidos están tras la pista de la ruta del dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner, y su séquito de testaferros tras comprar 16 propiedades en Nueva York y Miami y luego apurarse a venderlas para evitar ser descubiertos. Sin embargo, los encargados de la investigación americana, que incluye al FBI, ya detectaron gran parte de esos activos en distintos países, y se lo informaron a los funcionarios argentinos. Ahora, el Gobierno confía en poder asegurarse ese dinero en seis meses. El monto alcanzaría los 45 millones de dólares, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
El caso, que comenzó con los bolsos que llevaba Daniel Muñoz al sur y se activó con el escándalo de los cuadernos de la corrupción, tiene hoy una arista abierta en los Estados Unidos. Allí, según añadieron las fuentes, dos fiscales, uno de Washington y otro de Florida, están trabajando en detectar el dinero que se inyectó en ese país, con la compra de 16 inmuebles ubicados en Miami y Nueva York, por unos 70.146.600 dólares. Entre ellas, había dos unidades en «The Plaza Hotel 768, de la Quinta Avenida, en Nueva York».
Es que el caso del dinero que movieron Daniel Muñoz y sus cómplices se convirtió en una suerte de caso testigo para la colaboración entre Argentina y Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Pero incluyó un incómodo momento para los funcionarios argentinos que no sabían qué responder cuando sus pares americanos preguntaban hasta hace unos meses por los (pocos) avances en la investigación pese a la gran cantidad de información de propiedades, cuentas y sociedades que habían enviado a la Argentina, según admitieron a Infobae fuentes del Gobierno.
Precisamente, por estas horas, en pasillos oficiales recordaron esa escena, siguiendo las noticias que llegaban desde Comodoro Py sobre las declaraciones como arrepentida de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz. Ella aseguró que su marido le había pagado 10 millones de dólares al juez Luis Rodriguez para conseguir un sobreseimiento, y que incluso –a través de su abogado- hasta le avisaban de allanamientos que iban a realizarse en su casa.
Muñoz, un caso testigo para la Justicia de Estados Unidos
Nadie imaginaba que la figura del secretario de Néstor Kirchner iba a terminar siendo el eje de una política de colaboración entre Estados Unidos y Argentina. A mitad de 2016, en tanto, el Gobierno, a través del entonces ministro de Hacienda Adolfo Prat Gay, abre un canal de diálogo con el secretario del Tesoro americano para implementar un convenio en busca de lavado de activos (AUDIF) y un alto funcionario del Departamento de Justicia, Keneth Blanco, propone buscar un caso testigo y sugiere que fuera el de Daniel Muñoz.
¿Por qué? Porque para ese entonces ya había estallado el escándalo de los Panamá Papers y se habían detectado propiedades del ex secretario de Néstor Kirchner en Estados Unidos, pero no tenían bien claro cuál era el origen de esa plata y la vinculación posible con un presidente argentino. A los funcionarios argentinos les pareció bien: unos meses antes la Unidad de Información Financiera había logrado el desarchivo de una causa contra Muñoz, su esposa y el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta para investigarlos por lavado de dinero.
Según reconstruyeron las fuentes consultadas por Infobae, Estados Unidos comenzó a enviar información a las autoridades argentinas: datos claves de operaciones que nadie conocía en la Argentina. Los abogado de la UIF presentaron ese material en el juzgado de Luis Rodríguez entre fines de 2016 y principios de 2017: mapeos de propiedades, detalles de fondeo de cuentas, precisiones sobre cuál fue la ruta del dinero, por qué jurisdicciones había pasado la plata.
Pero desde tribunales no llegaban respuestas. El caso de los cuadernos escrito por Oscar Centeno vino a interrumpir esa letanía. Primero porque el fiscal Stornelli activó pedidos de indagatorias, detenciones y congelamientos de cuentas, y el juez Rodriguez terminó apartado por la Cámara Federal de la investigación por no haber valorado toda la prueba en el expediente. Segundo, las anotaciones de Centeno y los dichos de los arrepentidos dieron crédito a los indicios de que la plata de Muñoz se originaba en la corrupción.
El dato fue anotado por dos fiscales de Florida y Washington que, simultáneamente, se encuentran trabajando en la causa penal abierta en suelo norteamericano a raíz del dinero que se usó allí para comprar las 16 propiedades que aparecían ligadas a Muñoz.
El tema es que, con los Panamá Papers en exposición y Muñoz ya fallecido, Carolina Pochetti y sus socios se apuraron a vender o malvender las propiedades, abriendo más sociedades, invirtiendo en bonos o comprando nuevos activos en otros países. Ya se detectaron transferencias vía México, Hong Kong y Andorra.
Varios de esos datos quedaron plasmados en la resolución que el viernes firmó el juez Claudio Bonadio con el procesamiento de todos los protagonistas en esa maniobra, varios de los cuales se arrepintieron y confesaron parte del enjambre societario que habían construido . «A diferencia de otras veces, los arrepentidos venían con una información que los fiscales y el juez ya tenían porque estaba en la causa. Por eso el nivel de precisión que se exigía era mucho más alto a la hora de aceptarlos como imputados-colaboradores», añadieron las fuentes.
Según pudo saber Infobae, los activos ya estarían localizados. Pero ni los investigadores judiciales ni los funcionarios del Gobierno que trabajan en recuperar esa plata quieren dar demasiados datos para no perjudicar el avance de la investigación. No obstante, dos fuentes consultadas hablaron de una cifra cercana a los 45 millones de dólares. El Gobierno argentino confía en que en un plazo de seis meses podrían ser «asegurados» para poder pensar en recuperarlos.
«Esto podría enmarcarse en el proyecto llamado ‘Kleptocracy iniciative’, una iniciativa para luchar contra las prácticas financieras corruptas de los gobiernos y en donde el cien por ciento del dinero recuperado se puede restituir a las víctimas», señalaron a Infobae fuentes consultadas.
Fuente: www.infobae.com
