El Consejo de la Magistratura declaró este lunes en situación de “emergencia edilicia y tecnológica” a las dependencias del Poder Judicial de Nación, cuya ejecución de recursos se encuentra a su cargo
Esta medida permitirá al Consejo reasignar recursos para mejorar las condiciones en las que trabajan las cámaras de los distintos fueros y los tribunales de primera instancia, que están bajo su dependencia administrativa.
La declaración –que tendrá una vigencia de 365 días- tiene como objetivo atender las deficiencias de las instalaciones existentes y llevar a cabo la programación de las obras de construcción, refacción, remodelación o ampliación de los inmuebles. Además, el Consejo va a efectuar acciones que permitan el mejor funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la modernización tecnológica del servicio de justicia en lo que respecta exclusivamente a las competencias atribuidas al Consejo.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar jueces y de imponerles sanciones, que en el caso de causas graves implica la suspensión de los magistrados y el inicio de un juicio político que puede llevar a su remoción. Además, tiene entre sus atribuciones administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne al Poder Judicial, dictar los reglamentos sobre la organización judicial y todo aquello que sea necesario para asegurar la independencia de los jueces.
El organismo dispuso además que su Oficina de Administración y Financiera podrá incorporar en los pliegos de bases y condiciones particulares una cláusula de renegociación de los contratos. Eso es por si se desarrollan circunstancias externas y sobrevivientes que afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.
La decisión fue oficializada este lunes a través de la Resolución 217/2019, que lleva la firma de todos los integrantes del Consejo: Ricardo Recondo, Juan Pablo Mas Velez, Juan Pais, Juan Manuel Culotta, Marina Sánchez Herrero, Graciela Camaño, Alberto Agustín Lugones y Diego Molea.
El Poder Judicial de la Nación tiene para 2019 un presupuesto asignado de 15.206 millones de pesos. De ese total, el 93% (unos 14.142 millones de pesos) están destinados para “gastos de personal. Para “maquinaria y equipo” los recursos son de 356 millones de pesos.
Unos 13.739 millones son controlados por la dirección general de administración. Al menos 670 millones están destinados al servicio de Apoyo Tecnológico y Estadístico Dirección General de Administración; y 93.618.950 van al servicio de infraestructura judicial. La gestión del Consejo de la Magistratura tiene un presupuesto de 605.107.960 pesos; para el jurado de enjuiciamiento hay 29.380.009 pesos; y la administración de recursos humanos cuenta con 68.776.414 pesos.
Fuente: http://www.minutodecierre.com