La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAPBA D9) manifestó su preocupación ante el avance sobre el territorio público que se registra en la ciudad.
“En la actual temporada de verano, estamos asistiendo a un juego de intereses de distintos actores sobre el espacio público, producto de la coyuntura sanitaria –señalan-. Actividades económicas que se han visto muy perjudicadas por efectos de la pandemia, hoy tienen la necesidad de recuperar pérdidas. Como toda crisis, la situación actual impulsa cambios vertiginosos que nos obligan a estar muy atentos, para no provocar males mayores o perdurables”, sostienen.
Recurso Indispensable
La necesidad de distanciamiento interpersonal exigido por la crisis sanitaria, induce a los gobiernos locales a tomar las medidas necesarias para maximizar el área destinada a desarrollar actividades al aire libre.
“Desde nuestra entidad, hemos sido críticos en reiteradas ocasiones sobre la escasa o nula cesión de espacios de arena de acceso público irrestricto, en Mar del Plata. Recordemos que luego de negociaciones entre los sectores involucrados, se logró liberar solamente unos 15.000 m2 de superficie. Es decir algo así como una hectárea y media, para una ciudad que cuenta con 650.000 habitantes y recibe a millones de visitantes por año. Consideramos que los distintos referentes no estuvimos a la altura de las circunstancias, cayendo en soluciones que no abordaron el problema en su real complejidad.
Como contrapartida, debemos aclarar que nos parecieron atinadas todas las medidas tomadas por los distintos municipios costeros, tendientes a maximizar los espacios peatonales o de uso gastronómico. En general esto se logró restringiendo el acceso del automóvil a sectores de concentración de ciertas actividades: recreativas, comerciales o gastronómicas”, puntualizan.
Estructuras Temporarias o Permanentes
En el caso de los corredores gastronómicos, “desde nuestra institución nos expresamos mediante un escrito al Honorable Concejo Deliberante, cuando se presentó el proyecto de Ordenanza –recuerdan-. En el mismo planteamos preocupación por la estética que pudieran tener ciertas construcciones sobre el lugar público, pero sobre todo por la seguridad. En este sentido pedimos la participación de un profesional responsable detrás de cada intervención, sin dejar de señalar que es fundamental que actividades que han sido tan castigadas, puedan recuperar algo de las pérdidas económicas.
Notamos una tendencia marcada hacia el exceso de artificios, para una actividad tan simple como tomar o comer algo al aire libre en temporada de verano. Esto se da muy naturalmente en localidades con climas más fríos o ventosos que los nuestros, sin recurrir a tales infraestructuras, que por otra parte no queda claro si serán efímeras o permanentes.
Por otra parte, la arena también se convierte cada vez más en un territorio a “des_ naturalizar”. Barreras permanentes que restringen el libre acceso fuera de temporada estival, pantallas de vidrio, y contaminación sonora como otra forma de negar lo “natural”. También la nocturnidad comienza a pujar por su espacio, con estructuras que no tienen aspecto de ser removibles, ni tampoco un uso que esté permitido por las autoridades municipales”, apuntan.
Seguridad Pública
Asimismo, las autoridades distritales alertan: “Notamos como muchas de las construcciones que se están realizando, al no tener un profesional responsable detrás, y estar ubicadas en sectores de alto tránsito peatonal, pueden ocasionar serios riesgos a la seguridad pública. Es decir, potenciales accidentes ante eventualidades como colapsos de dichas edificaciones a causa de temporales o simplemente falta de mantenimiento.
Pudimos ver estructuras de acero probablemente sub dimensionadas, o sin una protección anti corrosiva acorde a la agresividad de nuestro clima marítimo. En otros casos el uso de carpas pensadas para ser instaladas en eventos transitorios, pero que son ubicadas en la vía pública. O construcciones semi permanentes sobre la arena desvirtuando el paisaje natural, que es nuestro principal recurso turístico. Todas estas son además amenazas a la seguridad pública que como destino vacacional no debemos permitir. Como tampoco son aceptables actividades que no cuentan con la correspondiente autorización municipal o simplemente son un avasallamiento sobre el espacio público”, concluyen.