El Colegio con su posición pública se pone de lado de los sectores económicos que intentan flexibilizar el aislamiento social, obligatorio y preventivo, privilegiando el derecho al trabajo por sobre la salud y la vida de los abogados, sus representados, los trabajadores judiciales y la ciudadanía toda. Sin embargo, para diferenciarse no argumentan pérdida de ingresos si no que agitan conceptos tales como “tutela judicial continua y efectiva” “obligación constitucional”, “sistema republicano de gobierno” con el objetivo de instalar una falsa dicotomía con el derecho a la vida y la salud de la población.
El aislamiento decretado por el Gobierno Nacional ante el avance de la pandemia del COVID – 19 ha logrado ralentizar la velocidad de contagio y con ello evitar la muerte y enfermedad de muchos argentinos. Por ello los epidemiólogos y sanitaristas recomendaron la continuidad del aislamiento, siendo éste el modo más efectivo de prevención. Las autoridades nacionales y provinciales tuvieron en cuenta también que no era adecuado flexibilizar esta medida particularmente en CABA y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra casi el 70% del total de infectados.
En este contexto extraordinario, en el cual en el día de ayer la OMS difundió que el coronavirus es 10 veces más letal que la gripe A, el funcionamiento parcial del Poder Judicial como del resto del Estado nacional, provincial y municipal está plenamente justificado, Toda vez que este poder del Estado no ha dejado de atender las cuestiones urgentes e impostergables que pudieran haberse presentado durante este período. El traslado y permanencia en sus lugares de trabajo por parte de miles de judiciales, de miles de ciudadanos y ciudadanas y sus letrados podría convertirse en un caldo de cultivo que multiplique geométricamente las infecciones en la ciudad y la provincia. Ya ha muerto un trabajador judicial del ámbito federal en Bragado y se aguardan los resultados del test practicado a un Agente Fiscal de la localidad de San Martín, quien se encuentra hospitalizado. ¿Cuál sería la actitud del Colegio si uno de sus matriculados se contagia de coronavirus? ¿Y si éste contagiara a su familia? ¿Sería un costo razonable a pagar en aras de garantizar la tutela judicial continua y efectiva?
Como abogados que son saben bien que ante un conflicto de derechos, siempre debe privilegiarse el bien jurídico superior. Y no hay nada más importante que la vida.
