El primer mes de guerra en Ucrania ha tenido un notable impacto sobre los precios. La inflación ascendió en marzo un 9,8% respecto al año pasado, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística, frente al 7,6% de febrero. Es la cifra más alta desde mayo de 1985. Todas las predicciones apuntaban a que la subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales tras las sanciones a Rusia, uno de los mayores productores mundiales de ambas materias primas, y su consiguiente reflejo en la factura eléctrica y el coste de llenar el depósito de combustible, obligaría a retroceder en el calendario para encontrar precedentes. Y así ha sido. “Es un mal dato”, ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos después de que se desvelara que los precios rozan el doble dígito de subida.
Hacía casi 37 años que no se producían estos aumentos de precios en España. Y la persistencia del fenómeno, que derrite el volumen del ahorro como si de un cubo de hielo al sol se tratase, está superando todas las expectativas, en las que no aparecía la hipótesis de una contienda militar en Europa. El Ministerio de Asuntos Económicos ha detallado que un 73% del aumento de precios se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre la energía y los alimentos no elaborados, y ve urgente, “para revertir esta tendencia alcista”, desplegar cuanto antes el paquete de ayudas aprobado el martes, de hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y otros 10.000 millones en créditos ICO). Entre sus medidas incluye un límite del 2% en las subidas del alquiler y un descuento de 20 céntimos en el precio del combustible, que entra en vigor este viernes.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) cumple justo un año por encima del 2% objetivo del Banco Central Europeo, arrastrado por dos fuerzas que actúan como gasolina para la hoguera inflacionista: por un lado, una demanda boyante por el rebote económico alentado por los estímulos públicos, el fin de las restricciones y la salida de ahorro acumulado en la pandemia. Y por el otro, una oferta renqueante, lastrada por múltiples contratiempos, sobre todo en el suministro de energía.
Para Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, es muy probable que la inflación siga muy alta en los próximos meses. “A falta de una resolución rápida del conflicto en Ucrania que supusiera una gran caída del precio del gas y el petróleo, toca esperar el impacto que las medidas del Gobierno pueda tener en los precios energéticos durante los próximos meses. Una inflación en casi dos dígitos pone al Gobierno en una situación delicada por la alarma social que genera, y creo que vamos a ver más medidas de apoyo más pronto que tarde”, augura.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya adelantó en la víspera que el dato de inflación sería “particularmente negativo”, y abogó por un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios para evitar que se retroalimente. Y es que no se trata solo de un varapalo energético. En febrero ya se visualizó un efecto contagio a una larga lista de productos de la cesta de la compra, como el aceite de oliva, la pasta, las harinas y cereales, los alimentos para bebé, la carne, el arroz, la leche o el café.
En marzo, esa tendencia se ha acentuado con una inflación mensual del 3%. Casi todo lo que podía ir mal, ha ido mal. En el ámbito doméstico, la huelga del transporte ha reducido la oferta y tensionado las cadenas de suministro de numerosas empresas e industrias, lo que favorece la inflación. Y en el flanco internacional, los confinamientos de Shenzhen —el polo tecnológico más importante de China—, Shanghái —el epicentro financiero del país, con 26 millones de habitantes— y otras ciudades, dentro de la estricta estrategia de covid cero lanzada por Pekín, han generado nuevos desajustes logísticos y retrasos en las entregas debido al cierre de fábricas y la obligación de los camioneros de someterse a test para poder trabajar. Paradójicamente, los cierres impulsan una tendencia opuesta que forcejea con el resto: a más restricciones, menos consumo de petróleo, lo que ha propiciado caídas puntuales de su cotización por una posible ralentización de la demanda china.
El comercio global tampoco trae buenas noticias. Si el paro de los camioneros ha exhibido la capacidad destructiva para la economía de un parón en el transporte por carretera, en los océanos preocupan las altas tarifas del transporte marítimo, responsable de más del 80% del comercio global. Un estudio del Fondo Monetario Internacional publicado este lunes señala que el impacto inflacionario de los elevados fletes —que suele trasladarse a los precios con retraso— seguirá aumentando hasta finales de este año. “El aumento en los costes de envío observado en 2021 podría aumentar la inflación en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales en 2022″, calcula el organismo.
El FMI se muestra pesimista acerca de una pronta resolución del problema. “Es probable que la guerra en Ucrania provoque más interrupciones en las cadenas de suministro, lo que podría mantener los costes de envío globales, y sus efectos inflacionarios, más altos por más tiempo”, augura el texto. Eso significa dos cosas: dinero fresco para las florecientes cuentas de resultados de las navieras, inmersas en una edad dorada que no hace más que prolongarse. Y mercancías más caras para el resto.
Además, la invasión emprendida por Vladímir Putin ha disparado el precio de metales como el níquel, esenciales para la producción de baterías eléctricas, porque Rusia, el tercer productor del mundo, es ahora mismo un país aislado con el que Occidente rechaza hacer negocios. Lo mismo sucede con los fertilizantes antes importados de Rusia que hacen falta para los cultivos. Y con la dependencia de las cosechas de Ucrania, de donde España y Europa traían buena parte del trigo y el maíz necesario para los piensos, cuya carencia ha encarecido la alimentación del ganado.
En el lado energético, las comparaciones son clarificadoras. El litro de gasolina ya tocó máximos históricos el 31 de enero con 1,538 euros por litro, pero no se detuvo ahí, y a mediados de este mes llegó a 1,845 euros tras encadenar tres meses de subidas. La explicación está en el meteórico ascenso de la cotización del crudo, que empezó el año por debajo de los 80 dólares y ha estado casi todo el mes de marzo por encima de la barrera de los 100 dólares —con picos cercanos a 140 dólares—. El precio medio de la electricidad también ha superado al de febrero. Si el mes pasado fue de 200,23 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, en marzo se han batido todos los récords con 283,30 euros, y un máximo histórico de 545 euros el pasado día 7.
Los mayores costes de producción que sufren agricultores, ganaderos y otras industrias, sobre todo las más intensivas en electricidad, ya están causando aumentos de precio significativos en los alimentos y otros productos de la cesta de la compra, que en un primer momento estaban resistiendo mejor. La inflación subyacente, que descuenta la evolución de los componentes más volátiles, como la energía o los alimentos frescos, subió en marzo cuatro décimas hasta el 3,4%. La diferencia entre la inflación y la subyacente nunca había sido mayor que ahora en toda la serie histórica, aunque la subyacente no empezó a calcularse hasta 1986.
Un punto de inflexión que no llega
En un entorno libre de guerra, este mes debía ser un punto de inflexión en la inflación. En marzo de 2021 los precios subieron un 1,3%, con lo que se esperaba que el efecto comparación empezara a deshinchar las tasas, y que la tendencia se mantuviera el resto del año. No ha sido así porque la guerra ha actuado como un acelerador de precios que ha triturado todas las previsiones en tiempo récord, aunque hay analistas que ven cerca el techo. “No esperamos tasas mucho más altas. El impacto de la desaceleración de la demanda debido al menor poder adquisitivo de los consumidores reducirá la inflación”, vaticinan los expertos de ING.
La lógica detrás de esa tesis es aplastante: el dinero que los consumidores utilizan para pagar las facturas de electricidad y sus desplazamientos en coche es dinero que no se utiliza para ir al restaurante o consumir otras cosas. Ese retroceso de las compras, sin embargo, penaliza el crecimiento económico, y antes de que se materialice pueden alcanzarse cotas impensables hace no tanto. “No se sorprendan si el pico de inflación en la zona euro alcanza los dos dígitos en los próximos meses, antes de volver a la tendencia a la baja”, añaden los analistas del banco holandés.
La inflación española ha estado manteniéndose mes a mes ligeramente por debajo de la de EE UU, pero casi dos puntos por encima de la de sus socios europeos. Los salarios no están acompañando ese movimiento, lo cual está provocando una pérdida generalizada de poder adquisitivo. Para el BCE, eso tiene una parte positiva, al evitar la espiral de precios que Fráncfort tanto teme: si los sueldos suben demasiado, los costes de las empresas también lo hacen, lo que les lleva a aumentar los precios para mejorar los márgenes. Al percibir ese encarecimiento, los empleados vuelven a pedir subidas para protegerse del coste de la vida. Y así una y otra vez, en el peor escenario, seguirían retroalimentándose fuera de control. El BCE, cada vez más bajo presión para retirar estímulos, no espera que eso suceda, y predice que en 2023 y 2024 la inflación europea volverá a niveles más normales y rondará el 2%.
Su evolución en los próximos meses dependerá en gran medida de las negociaciones de paz: los avances en la reunión de este martes reavivaron las esperanzas de un acuerdo que detenga el alto coste humano del conflicto y frene la escalada global de los precios, pero la incertidumbre continúa siendo máxima. Un pacto que acabe con la guerra cuanto antes allanaría el camino de regreso de la inflación a cifras más bajas. Como también pueden ayudar a recorrerlo la vuelta al trabajo de la mayoría de transportistas tras el acuerdo de las principales patronales con el Gobierno, la subvención de 20 céntimos al combustible para todos los ciudadanos a partir del 1 de abril aprobada por el Ejecutivo, y la prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja de impuestos en la factura eléctrica.
FUENTE: El País
