Una sentencia exige que las compañías consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores”
Un juez argentino ha ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio. El fallo, de primera instancia pero avalado por uno anterior de un tribunal superior, afecta a la española Glovo, la colombiana Rappi y la uruguaya PedidosYa, tres empresas que desde su llegada a Argentina, a principios del año pasado, han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez Roberto Gallardo exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores” y las obliga a proveerles materiales de trabajo, cobertura sanitaria y seguro contra accidentes. Las tarjetas de crédito, además, no podrán aceptar los pedidos de pago que reciban desde esas aplicaciones.
Una llegada difícil
Igual que ha sucedido en España, el desembarco de empresas de reparto como Glovo ha sido traumático en Argentina. Desde un principio, los sindicatos de repartidores, muy numerosos en Buenos Aires, las denunciaron por competencia desleal. A mediados del año pasado, los trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa formaron su propio gremio y lograron, al menos, que las compañías no les cobrasen por los elementos de trabajo, como las cajas térmicas de reparto. Un año después, su situación laboral sigue siendo muy precaria, mientras el servicio suma denuncias ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normativas argentinas. El fallo del juez Gallardo sólo alcanza a Buenos Aires, pero puede sentar precedentes para otras localidades.
Rappi fue la primera en reaccionar con un comunicado en el que rechaza la decisión del magistrado y menciona que su aplicación funciona normalmente. “La decisión perjudica tanto a repartidores como comercios y consumidores”, advirtió.
El derrotero judicial de las plataformas de reparto en Argentina ha sido similar al de Uber. La empresa de servicios de transporte opera sin autorización del Gobierno de Buenos Aires y no puede cobrar con tarjetas de crédito por decisión de un juez. Los chóferes se enfrentan, además, a la ira de los taxistas, agrupados en un sindicato reconocido por su poder. Pese a todo, los chóferes de Uber proliferan por toda la ciudad.
Fuente: /elpais.com/
