Nación demandó al gobierno bonaerense ante la Corte Suprema por la decisión de que unos 20.000 trabajadores de empresas provinciales dejen de aportar a la Anses.
El Gobierno bonaerense defendió la decisión de que trabajadores de empresas estatales pasen a realizar sus aportes previsionales al Instituto de Previsión Social (IPS) y no a Anses, una medida que abrió un nuevo conflicto con Nación.
La disputa escaló luego de que el Gobierno de Javier Milei presentara una demanda judicial contra la Provincia por la aplicación de la medida, que alcanza a unos 20.000 empleados de empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse y Bagsa, entre otras.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que se trata de trabajadores vinculados a empresas estatales provinciales. “Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
La medida surge del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que estableció la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales realicen sus aportes patronales al IPS. En los hechos, implica que millones de pesos mensuales que antes ingresaban al sistema previsional nacional pasen a la caja jubilatoria bonaerense.
Frente a esa decisión, Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Según el planteo, la norma implicaría una invasión de competencias federales, afectaría el financiamiento de la Anses y generaría un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.
Bianco rechazó esos argumentos y sostuvo que la denuncia busca “dificultar la gestión en la provincia”. Además, cuestionó que el Gobierno nacional se oponga al traspaso porque, según señaló, “no se quiere quedar sin los fondos”.
La discusión también alcanza a la educación privada. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense para pedir la inconstitucionalidad del mismo artículo, que obliga a colegios privados a transferir aportes de docentes, auxiliares y personal no docente al IPS.
Según estimaciones del sector, en el caso de la educación privada el eventual traspaso podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores.
Fuente: MI8
