La normativa modifica la respuesta penal frente a adolescentes desde los 14 años. El fiscal Walter Martínez Soto advirtió que el sistema local necesita más recursos.
Hoy entró en vigencia la nueva edad de punibilidad, que modifica el esquema de intervención penal frente a adolescentes que delinquen. Desde ahora, los jóvenes desde los 14 años podrán quedar alcanzados por el régimen penal juvenil, un cambio que exigirá -entre otras cosas- un reordenamiento del funcionamiento del sistema local.
El punto central de la normativa es la baja de la edad a partir de la cual un adolescente puede ser considerado punible. Hasta ahora, muchos casos quedaban fuera de este tipo de respuesta penal directa por la edad de los involucrados. Con el nuevo esquema, los adolescentes de 14 y 15 años ingresan a una instancia de intervención judicial que antes no se aplicaba del mismo modo.
La medida tendrá impacto en las primeras horas posteriores a una aprehensión. A partir de la entrada en vigencia, la Justicia deberá definir medidas procesales, eventuales restricciones de libertad, seguimientos y derivaciones institucionales para un universo más amplio de jóvenes involucrados en hechos delictivos.
Otro de los puntos relevantes es que el cambio no se limita a una cuestión formal. En la práctica, obliga a reorganizar el trabajo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, las fiscalías, los dispositivos de alojamiento, los equipos técnicos y las áreas de seguridad que intervienen cuando un menor es aprehendido.
La discusión se da en un contexto en el que la participación de adolescentes en hechos violentos volvió a quedar bajo la lupa. En Mar del Plata, la problemática ya había aparecido en investigaciones vinculadas a robos, entraderas y delitos contra la propiedad, e incluso motivó planteos para adaptar el régimen provincial a la baja de la edad de imputabilidad.
“Estamos en el límite”
Hace una semana, en diálogo con Canal 8, Walter Martínez Soto advirtió que la preparación para este cambio es “compleja” porque requiere una respuesta conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y las áreas de seguridad. “Es lo que más nos tiene preocupados”, planteó al analizar el nuevo escenario.
El fiscal explicó que el sistema local venía trabajando sobre cómo actuar durante las primeras horas con los jóvenes punibles. “Estamos aceitando los engranajes que hacen a cómo se trabajará en las primeras horas con los jóvenes punibles”, señaló.
Uno de los aspectos que más remarcó fue la necesidad de contar con más personal. “La preocupación y queja hoy son los recursos humanos, porque el caudal de personas procesadas, en libertad o detención, va a ser importante”, advirtió.
Martínez Soto también fue claro sobre el límite operativo del sistema. “Vamos a empezar con los mismos efectores. Sigue el mismo compromiso de todos, pero va a tener un efecto en el personal. Estamos en el límite”, sostuvo.
Según su estimación, el nuevo régimen podría provocar un aumento relevante en la cantidad de causas. “Vamos a tener procesados con seguimiento de causas a jóvenes a partir de los 14 años, y ahí vamos a ver incrementado entre ambos bloques en un 20%, fácilmente”, afirmó.
El fiscal planteó además que la baja de edad cambia la respuesta del Estado, aunque no resuelve por sí sola el problema de fondo. “La delincuencia no se va a acabar porque metamos presos a pibes de 14 años. La delincuencia es social”, sostuvo.
En esa línea, pidió no perder de vista que la respuesta penal debe estar acompañada por políticas de prevención, educación e integración social. Para Martínez Soto, el nuevo esquema abre una etapa distinta para el sistema juvenil, pero también expone una demanda concreta: más coordinación, más recursos humanos y dispositivos preparados para contener el aumento de causas.
Fuente: Mi8
