El Senado aprobó por unanimidad la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, que incrementa en un 50% las partidas presupuestarias para los programas de alimentación, en una sesión que duró poco más de tres horas con una lista de solo 14 oradores.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria tras un debate que no tuvo mayores tensiones salvo por reclamos al gobierno de Mauricio Macri por la crisis que atraviesa Chubut. La iniciativa que venía de Diputados tuvo 61 votos a favor y ningún voto negativo ni abstención.
Con 14 oradores anotados, las exposiciones no se extendieron durante mucho más de tres horas antes de someter a votación el proyecto impulsado por la oposición y aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados con el acompañamiento del oficialismo.
La primera senadora en hacer uso de la palabra fue la salteña Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, quien recordó que de 2014 a 2016 «2,5 millones de personas en la Argentina padecían hambre» según la FAO y que «ése número saltó a 5 millones de 2016 a 2018». A lo que agregó: «Esta sesión es una oportunidad para que quienes tiene la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso».
La santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, apuntó contra la política económica y sostuvo que «estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la Argentina una y otra vez en estas situaciones de emergencia».
A su turno, el formoseño José Mayans, del bloque Justicialista, anticipó que votará a favor del proyecto pese a no estar de acuerdo porque, según dijo, «el 80%» de los fondos destinados a la emergencia «se lo lleva la Ciudad de Buenos Aires».
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año. Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición»
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