«Estamos igual que hace unos meses, lo que implica estar peor», sostuvo Jesica Machado, de Prestadores Unidos MDP. Además, se pronunció acerca de las denuncias por corrupción en la Andis. «Hay una decisión política de que el dinero no llegue a las personas que les corresponde», expresó.
A lo largo de toda la semana pasada, las personas con discapacidad y los prestadores de discapacidad de Mar del Plata y todo el país vivieron una serie de acontecimientos que podrían significar un avance para el momento complejo que atraviesan, como la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad y la renuncia del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, vinculado a presuntas coimas a funcionario públicos. Pero, mientras tanto, muchos prestadores buscan otros trabajos para subsistir y muchas familias perdieron sus tratamientos.
En Mar del Plata, Prestadores Unidos MDP celebraron la media sanción en el Congreso de la Ley de Emergencia en Discapacidad que dejó atrás el veto de Javier Milei, que de hecho el lunes pasado fue declarado como nulo por la Justicia Federal en un caso particular. De todas formas, sostuvieron que la situación de los prestadores y las personas con discapacidad es la misma que hace meses, lo que quiere decir que están «cada vez peor».
«Tenemos esperanza de que los senadores también aprueben la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Presidente salió a decir que va a judicializar la medida para que no salga la ley, pero estamos esperanzados. Sí creemos que todo lo que pasó con los audios de la Andis deja claro que no se trata de una cuestión de fondo, es decir que sí hay plata. Lo que hay es corrupción y una decisión política de que ese dinero no llegue a las personas que les corresponde, que serían las personas con discapacidad y nosotros como prestadores», manifestó Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP.
Lo cierto es que mientras continúa la lucha para que la ley se apruebe de forma definitiva, Machado sostuvo que la situación de los prestadores de discapacidad es la misma que hace varios meses, lo que implica «estar peor». «Llevamos casi nueve meses sin incrementos, seguimos cobrando a 60 o 90 días y vemos recortados los tratamientos. Hay familias de Mar del Plata que han perdido su trabajo en blanco y por lo tanto han perdido su obra social, y no están pudiendo continuar con las terapias», explicó.
Además, contó que muchos prestadores se vieron obligados a migrar a otros rubros o buscaron un segundo trabajo por la demora en los cobros y la falta de aumentos desde que comenzó el año.
Según datos aportados por el activista y referente de personas con discapacidad, Eduardo Sotelo, en noviembre del 2023 la canasta básica alimentaria para una familia tipo era de $390.456 de acuerdo al Indec y el valor de la prestación de apoyo era de $6.200 por hora. En ese entonces, los prestadores necesitaban 63 horas de trabajo para cubrir ese monto mínimo.
Actualmente, la canasta básica alimentaria para un hogar de cuatro personas es de $1.149.353 (julio de 2025), mientras que las prestaciones aumentaron poco más que un 100%: ahora valen $12.370,61. Por lo tanto, requieren de 91 horas de labor para alcanzar a satifacer las necesidades básicas.
«Esto muestra cómo han caído los honorarios en relación a la inflación, están completamente devaluados. Todos los colegios profesionales están hablando de horarios mínimos éticos de prestaciones que no tienen que ver con discapacidad no menores a $20.000, cuando históricamente el valor de la hora de discapacidad era superior al 100%, porque implica una capacitacvión y preparación que no tiene cualquier profesional», explicó Machado.
«Yo, por ejemplo, tuve que incrementar la cantidad de horas que trabajo para poder llegar a lo que antes llegaba con menos cantidad de trabajo. Mientras tanto, también han subido los montos del monotributo, luz, gas, seguros y alquileres de consultorios, entre otras cosas», declaró.
«O sea, estamos igual, pero peor, porque para estar mejor deberíamos tener un aumento y mejorar los plazos de pago», agregó.
Por último, Machado se refirió al anuncio que había hecho el vocero presidencial Manuel Adorni acerca de que «las 110.000 pensiones que se habían dado de baja por irregulares iban a ser utilizadas para darle a los prestadores un incremento«. «Creemos que todo eso era para tapar la gran corrupción que estaba sucediendo en la Andis. Nosotros veníamos diciendo en cada uno de los encuentros que la Andis estaba completamente ausente, que no estaba defendiendo ni a las personas con discapacidad ni a los prestadores, que ese silencio tenía que ver con complicidad. Lo confirmamos con los audios que escuchamos», denunció.
Mientras tanto, desde Prestadores Unidos MDP manifestaron en un comunicado que no abandonarán su reclamo hasta que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea aprobada en el Congreso nacional.
«La Ley de Emergencia en Discapacidad no es un privilegio: es una necesidad urgente. Sin financiamiento equitativo y garantizado, no se puede hablar de inclusión real ni de igualdad de oportunidades. Los prestadores merecemos condiciones laborales dignas para poder seguir cuidando, acompañando y garantizando derechos, en un contexto donde el Estado abandona su rol fundamental de sostenimiento», indicaron.
Fuente: Mi8
