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TARIFAS JUSTAS Y EN PESOS, UN HISTÓRICO RECLAMO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

El 1 de marzo de 2021 se realizaron las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y de la Legislatura provincial. Como cada año, tanto el Presidente como el Gobernador realizan un extenso discurso con un balance de la gestión del año anterior y anticipan las principales medidas que van a impulsar para el año en curso.

Tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof coincidieron en que las tarifas de los servicios públicos no pueden estar dolarizadas. Una demanda histórica que nuestro Sindicato, junto a la Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina (FeTERA) e impulsada por José Rigane, viene realizando desde hace décadas.

Al mediodía, Alberto Fernández en el Congreso Nacional dijo que «debemos generar las condiciones para que todos los argentinos y argentinas tengan acceso a la energía de manera eficiente. Entre 2016 y 2019 el aumento de las tarifas de luz y gas se convirtieron en un martirio, con cuantiosas ganancias para las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras sin que el Estado les exigiera un plan de inversión. Las tarifas deben corresponderse con las necesidades de la gente. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. El objetivo es desdolarizarlas y adecuarlas a los ingresos en pesos».

Más tarde, el Gobernador provincial dijo lo propio en la Legislatura de La Plata al afirmar que entre 2016 y 2019 «las tarifas de luz crecieron en EDEA 1800%, en EDEN 1900%, en EDES 2000% y en EDELAP 3400%. El tarifazo impagable. No se puede vivir poniendo tarifas que no se pueden pagar. En la tarifa uno de los factores para el incremento era el valor del dólar. Vamos a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos».

Luz y Fuerza de Mar del Plata siempre desarrolló y explicó, en infinidades de oportunidades, los conceptos de tarifa social, de soberanía energética y de tarifas justas que ahora parecen descubrir las máximas autoridades políticas. Fuimos pioneros, hace muchos años, con movilizaciones, audiencias, conversatorios, solicitadas y decenas de declaraciones, denunciando el modelo energético basado en la privatización y la extranjerización de los recursos energéticos del pueblo argentino.

Los anuncios de ayer no deben ser meras promesas electorales, con declaraciones para la tribuna militante y para los titulares de los medios. Deseamos que de una vez por todas se cambie el rumbo del actual modelo energético, sin medias tintas. Hoy no existe un control efectivo a las empresas privatizadas ni tarifas justas para las y los usuarios de todo el país.

El Presidente y el Gobernador deben hacerse cargo con acciones concretas, más allá de las declaraciones simpáticas. Basta de promesas, es hora de actuar.

Necesitamos un modelo que garantice la sustentabilidad a largo plazo. Se habla mucho de tarifas y subsidios pero poco de las empresas privatizadas que lucran con las necesidades básicas de la población y sus exorbitantes ganancias. La energía es un derecho humano, no es una mercancía. Es un bien social y todos los Estados y los gobiernos deben garantizar su acceso. La energía como derecho humano tiene que ser tan importante como la salud, la educación y los derechos sociales.

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