El sindicato de vendedores ambulantes cuestionó el desarme total de la feria, lo calificó de «ilegal» y aseguró que avanzará con denuncias penales y acciones legales. «Esto solo puede entenderse como una maniobra de campaña política», denunciaron.
Tras el desarme total de La Saladita de la Bristol, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), seccional Mar del Plata, difundió un duro comunicado en el que repudió el operativo y denunció que la intervención dejó a casi 300 familias marplatenses sin su fuente de trabajo.
El posicionamiento del gremio se dio a conocer después del megaoperativo que terminó con la feria completamente arrasada en la zona de Playa Popular, luego de un allanamiento realizado este miércoles a la mañana por la «Ley Marcas».
En el comunicado, Sivara sostuvo que los hechos “poseen un saldo directo de casi 300 familias marplatenses, que digna e independientemente trabajaban, han sido arrojadas a la desocupación y despojadas de sus pertenencias y puestos de trabajo”.
Además, el sindicato cargó contra el Poder Ejecutivo municipal y aseguró que lo ocurrido respondió a una estrategia política. Según planteó, se trató de “una campaña de publicidad política de mano dura por parte del Ejecutivo Municipal”, y remarcó que durante los últimos dos años habían intentado llegar a un acuerdo pacífico con el Gobierno local para ordenar el espacio público.
En otro tramo del texto, la organización cuestionó la magnitud del despliegue y la comparó con la respuesta oficial frente a otros problemas de la ciudad. “La violencia estatal desplegada y el semejante operativo montado contra personas trabajadoras, incluso aunque pudiere haber existido alguna irregularidad, frente a la absoluta inacción del mismo municipio ante la ola de inseguridad sin precedentes que azota la ciudad, solo puede entenderse como una maniobra de campaña política”, señalaron.
Sivara también puso el foco en la legalidad del procedimiento posterior al allanamiento. En ese sentido, afirmó que la desocupación del predio y el arrasamiento con topadoras “ha sido realizada sin ningún tipo de orden judicial, es decir, de manera ilegal”. Además, el sindicato aclaró que la única medida judicialmente ordenada era el allanamiento en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas tramitada ante el juez federal Santiago Inchausti.
El gremio agregó además que la ocupación del espacio por parte de los feriantes llevaba cerca de 20 años y sostuvo que, durante ese tiempo, el propio municipio “convalidó y se benefició con el funcionamiento” del paseo de compras informal.
Frente a este escenario, Sivara anunció que encomendó al estudio jurídico Robbio-Bernat & Asociados la presentación de denuncias penales y acciones legales, con el objetivo de “esclarecer los hechos y responsabilizar a los culpables”.
Por último, el sindicato reafirmó su respaldo a los trabajadores afectados y prometió continuar con medidas para intentar recuperar los puestos. “Manifestamos nuestra máxima solidaridad con las casi trescientas nuevas familias desocupadas y prometemos agotar todos los medios posibles en aras de reintegrar la dignidad de las personas afectadas a través del recupero de sus puestos de trabajo”, cerró el comunicado firmado por el delegado regional Walter Daniel Rivero.
Fuente: MI8
