Todas las manifestaciones se aunaron frente al Palacio Municipal bajo un factor común: apuntar hacia el desinterés del Ejecutivo Nacional para mejorar el pago de servicios a médicos y prestadores y el del Estado municipal para brindar soluciones a las 200 familias de la feria de la Bristol sin trabajo.
Este miércoles, la imagen del frente del Palacio Municipal fue por demás compleja: en un mismo punto y en horarios cercanos confluyeron tres movilizaciones a las que, además, se sumaron organizaciones sociales y jubilados con su tradicional marcha de los miércoles.
En la vereda se ubicaron cerca de las 10 los prestadores de servicios para personas con discapacidad, entre los que se encontraban representates y trabajadores de hogares, centros de día, terapistas, familias y transportistas, que llenaron la cuadra de Hipólito Yrigoyen entre San Martín y Luro de sus combis en el marco de un paro de 24 horas.
María de los Ángeles Videla, directora del Centro de Día «Sol Creciendo», explicó a Mi8 que «el reclamo es colectivo», porque los prestadores y transportistas «estamos en una situación crítica y angustiante» ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Los prestadores además rechazan el proyecto presentado por el oficialismo esta semana que propone aun más restricciones e impone requisitos adicionales para acceder a beneficios.
«Mantener el servicio sin aumentos en el nomenclador nacional, con pagos que no son en tiempo y forma y obras sociales que no pagan desde el 2025 asusta. Lo que nos da más temor es no poder dar más servicio, tenemos 56 chicos, los transportes tampoco cobran bien entonces no llevan a los chicos y si no vienen las personas con discapacidad no podemos funcionar, es un círculo vicioso», agregó.
Algunos minutos más tarde llegó el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) con sus bombos, banderas y bengalas: acompañados por feriantes de la Playa Bristol, desmantelada días atrás, pero también por vendedores ambulantes de la Plaza Rocha y la Avenida Luro que acompañaron a su Secretario General, Walter Rivero, quien hoy enfrenta una causa penal señalado com el resposable de manejar -y cobrar a los feriantes por eso- «la Saladita» durante los últimos 25 años.
«Toda la gente que está acá jamás pagó para trabajar en la calle. No se les cobra, se los defiende, se pone tiempo, esfuerzo y trabajo y nadie lo hizo nunca en esta ciudad. Eso les duele, que la gente venga con su necesidad y acompañe a pesar de las difamaciones. Son testigos de cómo trabaja el Sivara. Allanaron mi casa, tienen mis teléfonos, todo esta en la justicia», refirió Rivero.
«A la gente se le quitó el espacio y su infraestructura. La arena es municipal, la infraestructura no. Tienen que responder quién mandó la topadora: a tantos días nadie se hace responsable y todos se cargan que van contra la mafia pero nadie se adjudica haber dejado a 200 familias sin comer. Nadie se hace cargo de haber dado la órden. Acá queremos que aparezcan los responsables y se abra el diálogo para tener soluciones porque la gente no tiene para comer», denunció el Secretario General del Sivara.
El reclamo se unificó con la llegada de la Multisectorial de Jubilados y Jubiladas de General Pueyrredon, que se ubicó en medio de ambas manifestaciones como el eslabón que faltaba para aunar los reclamos: cerca de las 12 y cuando cada vez eran más las organizaciones sociales que acompañaron el corte sobre Avenida Luro.
Luego de ellos llegaron los médicos de cabecera de Pami, que se movilizaron al Palacio Municipal mientras sus colegas exponían en la banca 25 la problemática que enfrentan ante el cambio de modalidad de pago de Pami: desde el 31 de marzo la obra social paga a los profesionales el monto de $2.100 por cápita por la atención a afiliados.
«Es inviable y lleva a una renuncia masiva de médicos de cabecera con un déficit de atención que va a ser dificil poder suplirlo. Cada médico tiene entre 500 y 1.000 pacientes en su cápita y el afiliado se va a encontrar con que no tiene quien lo atienda. Queremos que nos den la vuelta atrás a las condiciones que estábamos trabajando hasta el 31 de marzo y si quieren pagar por cápita que lo hagan de forma razonable acorde a la responsabilidad que tenemos cuando ponemos el sello en una receta o un certificado», determinó el doctor Guillermo Alberto Baltar, médico de cabecera de Pami desde 2012.
Los profesionales se movilizaron junto a pacientes y entidades para pedir un aumento urgente en el valor de las consultas. En tanto, la marcha estuvo enmarcada en tres jornadas de retención de tareas -lunes, martes y miércoles- en los distintos nosocomios donde se brinda atención para intensificar el pedido.
Fuente: Mi8
