Varios sellos y distribuidores se quejan de que el país, primer cliente del sector editorial de España, pide “absurdos” análisis químicos y retrasa los permisos durante meses
Si son más de 500 ejemplares, se requiere analizar la tinta con la que están impresos a la búsqueda de materiales pesados, mayormente plomo. Si la cantidad es inferior, basta un permiso oficial para aprobar su entrada, pero este se demora como nunca. Esa es la doble táctica dilatoria que el Gobierno argentino está utilizando en las últimas semanas para frenar la importación de libros españoles. La hipótesis principal apunta a la falta de divisas en el marco de la aguda crisis que atraviesa el país como explicación detrás de una medida que añade una nueva dificultad a la recuperación del sector editorial español, que tiene en Argentina a su primer cliente: concentra el 35,2% de sus exportaciones, con una facturación de 73,6 millones de euros, según las últimas cifras oficiales, de 2018.
“Eso ya se demostró que es un absurdo, todas las pruebas dieron siempre negativo o con niveles irrelevantes”, asegura un distribuidor e importador argentino de diversas editoriales españolas que demanda anonimato. La referencia en pasado la motiva que la medida de control de malas tintas ya la aplicó Argentina entre 2011 y 2015, provocando que llegaran a transcurrir “hasta dos meses para poder sacar los libros españoles de los barcos”, recuerda.
Los resultados de los análisis tampoco fueron una sorpresa. “Desde 1995, una directiva europea prohíbe la utilización del plomo y otros componentes tóxicos para las tintas”, recuerda Antonio María Ávila, secretario de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). “Es claramente una medida interior para ahorrar divisas y proteger a su industria gráfica”, apunta, en contraste con las declaraciones en su país del presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, Juan Carlos Sacco, para quien la normativa es “de sesgo ambientalista” y de salud. “Afuera se imprimen muchos coleccionables que se venden en quioscos, la restricción apunta más a eso, a proteger la industria de las imprentas”, apunta Pablo Braun, propietario de la editorial y librería argentina Eterna Cadencia, informa Federico Rivas.
Si bien la resolución recupera la dictada en 2010, el importador argentino empezó a detectar desde principios de junio un matiz crucial en su aplicación: “El permiso, si importabas menos de 500 ejemplares, solía ser casi automático, tardaban apenas una semana; ahora no aprueban o lo hacen en cuentagotas, retardándose entre dos y tres meses”.
“Nuestro distribuidor nos recomendó ya hace unas semanas que paráramos un envío”, admite Joan Tarrida, director general de Galaxia Gutenberg, inquieto porque la medida “llega en plena preparación de la campaña de Navidad y no hace más que añadir incertidumbre”, en el contexto de los estragos del coronavirus en el sector. En su caso, el 20% de las ventas proviene de la exportación, de la cual Argentina se lleva “casi un 7%”. El mismo temor expresa Eva Congil, directora general de Anagrama, para la que el mercado argentino significa “mínimo el 10%” de la facturación.
Grandes lectores
“El drama estará si no se van aprobando los permisos de entrada de las tiradas inferiores al medio millar y más en editoriales que vendemos mucho fondo”, asegura Congil. De la mayoría de los títulos, los editores españoles exportan entre 200 y 300 ejemplares, los que puede absorber un mercado como el argentino, de grandes lectores, pero de delicado poder adquisitivo.
Para Tarrida, “la solución pasa por imprimir más allí, que es lo que en parte también buscan estas medidas, pero supone mayores problemas técnicos e invertir más en promoción porque lanzas más ejemplares y te la juegas más”. Para la directiva de Anagrama, “si tienes autores argentinos en tu catálogo te puede ir un poco mejor, pero imprimir allá significa que dejas de hacer esos ejemplares en España en la tirada inicial y, por tanto, incide en tu rentabilidad”. En Anagrama, para la campaña de Navidad la apuesta es lanzar con fuerza a Cristina Morales y a Guadalupe Nettel. De la mexicana estaba prevista la impresión de La hija única, su último libro, en Chile, pero lo acabarán “haciendo en Argentina”.
Otro detalle es la calidad de las imprentas argentinas. “Las artes gráficas tienen una potencia menor que las españolas y hay pocas que puedan trabajar en digital para tiradas bajas”, admite el importador. Y hace hincapié en los costes añadidos, “considerablemente altos”, de sobrepasar los 500 ejemplares de importación, como la gestión previa de enviar dos ejemplares para el análisis de tintas.
Si la situación es compleja para las editoriales literarias, es “casi insalvable” para las de libros infantiles, según el mismo importador, ya que “son tiradas muy grandes, que suelen hacerse en el mercado asiático por los costes y que, técnicamente, las imprentas argentinas difícilmente pueden asumir”. Braun lo ratifica: “A los que se les complica es a los que imprimen fuera, como en China”.
Si las editoriales españolas no prescinden del mercado argentino es porque en él “hay un núcleo duro de lectores, es muy estable en ese sentido”, cree Congil. Pero hay cierto consenso en que la bibliodiversidad se resentirá. “En las famosas librerías de Buenos Aires hay mucho libro hecho fuera de Argentina; si esto sigue así mucho tiempo, obras de determinados autores no se verán porque no hay editoriales argentinas que puedan adquirir hoy esos derechos y dudo que las agencias literarias los troceen en castellano para cada país porque sería arriesgado”, piensa Tarrida. “La otra vez las medidas no provocaron grandes hecatombes económicas, pero sí favorecieron la paradoja de beneficiar a grandes grupos como Planeta o lo que hoy es Penguin Random House Grupo Editorial, porque imprimen acá [Argentina] y pusieron muchos más libros en circulación, pero de un determinado tipo”, expone el empresario argentino, para quien la solución estará, como entonces, en “fijar unos cupos de importación”.
En la FGEE no se han recibido, por ahora, quejas de los editores, afirma Ávila, si bien recuerda que las medidas argentinas “violan toda normativa internacional” y no descartan “avisar a las oficinas oficiales de comercio” y pedir “alguna gestión diplomática”.
Fuente: elpais.com
