El Gobierno oficializó un aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La actualización fue calculada según la variación del IPC de abril y también contempla un adicional para la Patagonia.
El Ministerio de Salud dispuso, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, una actualización del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a mayo de 2026, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 517/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.
En el texto oficial se especificó: “Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60 %, sin diferencia por tipo de prestación”.
Además, se indicó que ese porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.
Cabe recordar que en abril ya se había dispuesto un incremento del 3,40%, también basado en la variación mensual del IPC.
Por otro lado, la resolución añadió: “Reconócese un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.
El fallo judicial se conoció un día antes
La actualización de los aranceles se conoció apenas un día después de que el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenara al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad.
La medida cautelar de alcance nacional fue dictada en el marco de un amparo colectivo presentado por prestadores que denunciaron atrasos en los pagos, interrupciones de tratamientos y demoras en la entrega de medicamentos.
En su resolución, el magistrado advirtió que las demoras podrían afectar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y poner en riesgo la salud de niños, adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de esos servicios.
Desde el Gobierno nacional argumentaron ante la Justicia que las demoras responden a un “reordenamiento estructural” y al proceso de transferencia administrativa del programa Incluir Salud al Ministerio de Salud.
Fuente: Diario Popular
