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Ley de Libertad Educativa: qué cambia, por qué genera polémica y cuál sería su impacto en el sistema escolar argentino

La iniciativa del gobierno de Javier Milei plantea una transformación estructural de la educación ya que redefine el rol del Estado. amplía la autonomía escolar y habilita cambios profundos en currículas, financiamiento y evaluación. Especialistas advierten sobre los riesgos de segmentación y desigualdad.

El Gobierno presentó en diciembre pasado el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una reforma integral que busca derogar la Ley de Educación Nacional (26.206) y propone un nuevo modelo basado en la autonomía institucional, la libertad pedagógica y un financiamiento en función de las familias. De este modo, mientras el oficialismo empieza a discutir en el Congreso la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, busca avanzar con cambios en otras áreas sensibles, tal es el caso de la enseñanza.

En su articulado, la iniciativa de la administración de Javier Milei para el área educativa redefine el rol del Estado, reconoce la educación en el hogar, convierte a la escuela en un “servicio esencial” y crea un sistema de evaluación permanente que incluye un examen nacional al finalizar el secundario, entre otros puntos.

El rol del Estado, un cambio de paradigma en el sistema educativo argentino

El texto establece que los padres tienen el “derecho preferente” a decidir sobre la educación de sus hijos y coloca al Estado en un rol subsidiario: garante del derecho, pero sin intervenir en la orientación pedagógica de las instituciones. Las escuelas, públicas y privadas, obtienen mayor libertad para definir sus proyectos, reglamentos y hasta la selección de parte de su personal.

Al respecto, Ámbito consultó a especialistas en la materia para analizar el proyecto que enarbola el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para entender cuáles son las claves, los desafíos y los puntos de conflicto de una iniciativa que impactará en el sistema educativo, un pilar fundamental de la sociedad.

Irene Kit, psicopedagoga y presidenta de la asociación civil Educación para Todos, señaló en la charla con este medio que el proyecto surge como una respuesta a «una fuerte inercia en las instituciones educativas producto de capas y capas de reglamentación que genera prácticas improductivas», un viejo debate entre los especialistas de estos temas. Con la Ley de Libertad Educativa lo que aparece «es un salto brusco hacia una suerte de ‘arréglense por su cuenta’, una maximización de la autonomía que no es lo mismo que una autonomía construida», explicó. En esa línea, quitar competencias al Estado sería «soltar toda la malla de contención y de responsabilización, en un doble juego de ‘hagan lo que quieran’ a los padres, pero al mismo tiempo se les exige que se hagan responsables de lo que decidieron hacer», consideró.

Por eso la especialista aclaró que si bien es necesaria «una mayor autonomía» institucional, no puede ser «cualquier autonomía ni de cualquier manera». «La discusión debería ser por dónde empezar y cómo acompañar una transición que haga viable esa autonomía, no simplemente imponerla de forma abrupta», remarcó. «Los países que muestran buenos resultados educativos suelen tener tradiciones de autonomía institucional, pero esa autonomía fue construida a lo largo del tiempo, generando previamente las condiciones para que exista, y acompañada por el Estado. En muchos casos, eso dio resultados promisorios», sentenció.

En tanto, Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, precisó que la iniciativa del Gobierno «no ofrece, bajo ningún punto de vista, soluciones a los problemas reales que tiene hoy el sistema educativo», sino que más bien por el contrario, «profundiza varios de los problemas que ya existen». «Desde una lógica completamente distinta a la de un ‘Estado presente’, la iniciativa propone que el Estado se desentienda incluso de la función de supervisión», aseguró ante la consulta de este medio.

«Si bien establece un paquete de horas obligatorias con una currícula unificada, luego habilita una gran cantidad de horas en las que cada escuela puede decidir qué enseñar. Esa posibilidad de ‘elegir qué enseñar’ no es neutra: implica profundizar la segmentación social del sistema educativo. En este esquema, las escuelas pasan a ofrecer propuestas orientadas a atraer a determinados sectores sociales. Las familias dejan de ser consideradas como tales y pasan a ocupar el rol de clientes», expresó Buccino. «Este es, a mi entender, el nudo central del proyecto: un modelo que solo puede sostenerse a través de la creación de un cuasi mercado educativo», planteó.

Carlos Torrendell, secretario de Educación, en la presentación de resultados de las pruebas Aprender 2024.
Carlos Torrendell, secretario de Educación, en la presentación de resultados de las pruebas Aprender 2024. Secretaría de Educación

Cambios en el diseño curricular, los programas y el impacto en los aprendizajes

Otro tema sobre el que proyecta reformas el proyecto educativo libertario es el de los programas de enseñanza, uno de los puntos de mayor debate y que genera discusiones amplias en el sector educativo desde hace muchos años, sobre el que hay un consenso de modificaciones y actualizaciones. «Las currículas se han convertido en una especie de literatura de ciencia ficción. Ninguna persona que haya dado clases puede sostener seriamente que es posible cubrir en un año lectivo —suponiendo asistencia perfecta y sin conflictos— todo lo que prescriben los diseños curriculares. Este punto es central, especialmente en un contexto donde el desarrollo de contenidos y opiniones mediadas por inteligencia artificial va a ser cada vez más frecuente«, reflexionó Kit.

En ese escen’ario, agregó la especialista, «es clave desarrollar capacidades de pensamiento, las que requerirán tiempo, estrategia y profundidad. Si el docente está corriendo detrás de listas interminables de contenidos que en el escritorio del curriculista ‘entran’, pero en el aula no, el aprendizaje profundo se vuelve imposible. Esta discusión debe darse con los docentes, porque muchas veces se sienten juzgados o puestos bajo sospecha cuando se habla de estos temas. Y no se trata de decir que no estén actualizados. Enseñar bien pensamiento matemático, por ejemplo, no requiere un posgrado en el MIT, sino comprender qué es la matemática y cómo se enseña», señaló.

Sobre el proyecto, Kit advirtió: «El debate sobre cómo enseñar mejor y cómo gestionar planes de estudio y programas de materia para favorecer aprendizajes profundos es clave. El riesgo del proyecto es que, bajo la idea de que cada escuela puede enseñar lo que quiera, se termine reemplazando una mala lista de contenidos por otra mala lista, igualmente superficial. Existe el peligro de repetir criterios curriculares anticuados o ya demostrados como ineficaces y se corre el riesgo de una atomización del sistema. Un estudiante que pasa de una escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires a una de la provincia, y luego a otra provincia, podría encontrarse con trayectorias completamente inconexas», planteó.

Por su parte, Buccino recordó que «desde el propio oficialismo se ha explicitado esta orientación cuando Martín Krause, el entonces asesor en temas educativos de Javier Milei (en la campaña presidencial de 2023) afirmó que no debería existir un diseño curricular y que cada escuela debería enseñar lo que considere pertinente, mientras que las familias elegirían qué tipo de escuela quieren para sus hijos y qué desean que aprendan».

En esa línea, el docente y especialista en gestión educativa alertó que con este nuevo esquema que propone la iniciativa del Gobierno «se vuelve muy complejo pensar cómo se va a supervisar el aprendizaje». «¿Cómo se va a garantizar que los resultados de una escuela sean homologables con los de otra? ¿Cómo se asegura un piso común de formación si cada institución define libremente sus contenidos?», apuntó.

Vouchers educativos, presupuesto y el impacto de la baja natalidad en la matrícula

Por último, los especialistas analizaron las cuestiones materiales y económicas de la Ley de Libertad Educativa de Milei. «El proyecto de ley tiene un componente que podría describirse como darwinista: la idea de que ‘gane el mejor’, o que la mejora del sistema se dé por competencia entre escuelas. Si una escuela no ofrece buenos resultados, las familias se van a otra. Esa lógica supone que la calidad mejora cuando las escuelas pierden matrícula y compiten por atraer alumnos, ya sea por su currícula o por sus resultados en evaluaciones. Implícitamente, se plantea una mejora basada en la competencia entre instituciones», destacó Kit.

Este enfoque, explicó la presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, se da en un contexto crítico por la caída de la natalidad en todo el país. «Esto está afectando fuertemente a muchas instituciones, sobre todo privadas, especialmente en nivel inicial y primario, que hoy tienen serios problemas de matrícula. En la Ciudad de Buenos Aires ya se observa el cierre de jardines de infantes, en gran medida por esta cuestión demográfica«, señaló. «No se trata solo de un problema económico —la dificultad de pagar una cuota—, sino principalmente de que nacen muchos menos chicos. Esta baja de la natalidad está ‘rompiendo’ el negocio educativo, tanto en el sector privado como en el estatal, donde también se cierran o reconvierten escuelas», añadió.

Respecto a la cuestión del financiamiento educativo, Buccino sostuvo que «existen modelos alternativos para discutir el financiamiento educativo que no pasan por la lógica del voucher. Por ejemplo, podría pensarse en un esquema de presupuesto por escuela, en lugar de un presupuesto provincial o distrital, donde los directores estén a cargo de la gestión de esos recursos».

Los vouchers educativos que lanzó el Gobierno en 2024 tienen son un asistencia económica estatal para cubrir el 50% de la cuota mensual (programática) de escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal, ayudando a familias con hijos en nivel inicial, primario y secundario. Al respecto, Buccino alertó: «Hay una pregunta central que el proyecto no responde: ¿de dónde saldrían los fondos? ¿Del Estado nacional o de los estados provinciales? Si los recursos provienen de las provincias, entonces será cada provincia la que define si existe o no el voucher, no la Nación. Hoy el financiamiento nacional hacia las provincias es cada vez menor. No queda claro cómo se resolvería legalmente el origen de esos recursos ni cómo se garantizaría su sostenibilidad».

Para eso, subrayó el docente y especialista, «es indispensable contar con información precisa de cuánto cuesta formar a un estudiante de primaria en Formosa y cuánto cuesta en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esos datos, el Estado nacional debería cumplir un rol clave: cuando una provincia no puede aportar los recursos necesarios por distintas razones, la Nación debería completar ese financiamiento para garantizar que un chico en Formosa tenga las mismas oportunidades que uno en la Ciudad de Buenos Aires», concluyó.

Las claves del proyecto de ley de Libertad Educativa

Libertad educativa como principio rector

  • Padres con derecho preferente a elegir escuelas y formas de enseñanza.
  • Igual estatus jurídico para instituciones públicas y privadas.
  • Fuerte énfasis en libertad pedagógica y de proyectos institucionales.

Autonomía ampliada para las escuelas

  • Las escuelas estatales pueden: diseñar sus planes de estudio, elaborar reglamentos propios, seleccionar parte de su personal, administrar recursos.
  • Las privadas consolidan su autonomía organizativa, pedagógica y laboral.

Educación en el hogar y formatos alternativos

  • Se reconoce homeschooling y sistemas virtuales como formas válidas de Educación Básica.
  • Se evalúan solo mediante exámenes estandarizados.

Contenidos mínimos reducidos

  • El Estado fija solo un núcleo básico común, limitado en horas.
  • El resto del tiempo escolar es para proyectos institucionales.

Financiamiento por demanda

  • Aportes estatales también para escuelas privadas.
  • Posibilidad de vouchers, vales, becas o créditos fiscales.

Nueva carrera docente

  • Evaluación cada 4 años.
  • Estabilidad condicionada al desempeño.
  • Escuelas privadas con plena libertad de contratar y despedir.
  • Directivos elegidos por concurso y participación de un Consejo de Padres.

Información pública y evaluaciones nacionales

  • Examen Nacional del Secundario (ENES).
  • Portal con resultados por escuela (sin datos individuales).

Educación como servicio esencial

  • Obliga a garantizar “mínimos de continuidad” en caso de paro.

Fuente: Ámbito

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