La iniciativa libertaria propone un nuevo régimen para el transporte individual en General Pueyrredon con requisitos comunes para conductores, vehículos y plataformas.
El proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza para crear un sistema único de transporte individual en General Pueyrredon no solo busca reunir en un mismo esquema a taxis, remises y plataformas digitales, sino que también fija una serie de condiciones concretas para choferes, vehículos y empresas que permiten dimensionar el alcance real de la reforma.
Entre los puntos más relevantes del texto aparece la decisión de avanzar hacia un sistema sin cupos cerrados de choferes, con reglas comunes para todos los prestadores y con una lógica orientada a reemplazar el esquema fragmentado actual por una regulación unificada.
Uno de los ejes centrales del proyecto pasa por las condiciones exigidas a los conductores. La iniciativa establece que quienes quieran prestar el servicio deberán contar con licencia profesional habilitante y acreditar domicilio real en el Partido de General Pueyrredon, en línea con la intención de garantizar control local efectivo sobre la actividad.
A su vez, el expediente plantea que las empresas, agencias y plataformas digitales deberán constituir domicilio legal en la jurisdicción y designar representantes locales responsables, una exigencia que apunta a evitar zonas grises en materia de fiscalización y responsabilidades frente a usuarios o eventuales conflictos.
En cuanto a los vehículos, el proyecto contempla que puedan prestar servicio unidades con hasta 15 años de antigüedad, uno de los puntos que más puede impactar en el debate entre los sectores involucrados, ya que modifica de manera sensible la lógica de habilitación tradicional en el transporte individual.
La iniciativa también incorpora criterios vinculados a la seguridad, al control municipal y a la trazabilidad de los viajes, en línea con antecedentes normativos citados de otras ciudades del país. En ese marco, se prevé la creación de registros municipales de prestadores y la fijación de responsabilidades más claras para cada actor del sistema.
Otro punto importante es el aspecto tributario. El proyecto propone una tasa de inspección, seguridad e higiene del 1% sobre la facturación total generada, aplicable a los prestadores del sistema, con excepción de los taxis que continúen bajo el régimen tradicional.
Dentro de sus fundamentos, el texto sostiene que el actual esquema normativo resulta desactualizado y asimétrico, y que genera diferencias regulatorias entre taxis, remises y aplicaciones. Por eso, la propuesta apunta a unificar criterios operativos y económicos para todos los actores del transporte individual de pasajeros.
Además, el proyecto plantea la derogación integral de la normativa vigente sobre taxis, remises y servicios incompatibles, con el objetivo de evitar superposiciones, contradicciones y vacíos regulatorios.
La iniciativa se apoya en la idea de que las plataformas tecnológicas modificaron la forma en que los usuarios demandan movilidad urbana, a partir del uso de aplicaciones, medios de pago electrónicos y sistemas de geolocalización. Bajo esa lógica, el bloque considera que el municipio debe asumir un rol activo para ordenar esa transformación sin caer ni en la anomia ni en un exceso de intervención.
Con ese enfoque, el expediente propone un nuevo marco basado en principios de igualdad, libertad de competencia, responsabilidad, seguridad y protección del usuario, lo que vuelve a poner en el centro del debate cómo convivirán taxis, remises y apps bajo una misma norma en Mar del Plata.
Fuente: Mi8
